El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado el jueves 12 de mayo la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación por 289 votos a favor, tres en contra y ninguna abstención. Todos los grupos, salvo Izquierda Unida (IU-ICV) y Unión Progreso y Democracia (UPyD), han apoyado las 45 enmiendas procedentes del Senado.
La ley ha tardado dos años en ser aprobada y, según la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, “garantiza que la Ley durará muchos años, y que extenderá sus beneficios en el tiempo con independencia de los ciclos políticos”, según publica la agencia DiCYT. Hacía 25 años que estaba en vigor la ley anterior y con esta se han incluido algunas mejoras.
La nueva ley de la ciencia pretende conseguir más participación de la empresa privada en actividades de investigación, más trabajo estable para los jóvenes investigadores y más calidad en la ciencia española.
Por otra parte, se consagra la política de innovación como una política pública imprescindible e incluye otros aspectos transversales, como el fomento de la participación de la mujer en la actividad científica.
Trabajar con contratos temporales hasta los 34 años…
La web del diario 20 Minutos explica que, para Garmendia, la ley consigue un trabajo más estable para los científicos jóvenes, ya que cambia becas por contratos, y una carrera científica más predecible y perdurable. Esto se traduce en que los investigadores no serán “becarios”, sino que tendrán contratos laborales. No obstante, los contratos laborales temporales no tendrán un tope en el cual convertirse en contratos indefinidos, y los investigadores tendrán que opositar a una plaza en propiedad si quieren continuar su carrera, igual que ocurre ahora. La diferencia es que la edad media bajará de los 39 años con la ley antigua, a los 34.
Las voces discordantes de IU-ICV y UPyD
20 Minutos recoge las declaraciones de Gaspar Llamazares, diputado de Izquierda Unida en el Congreso, que ha denunciado el empeoramiento de la carrera científica porque, precisamente, no se aplica el límite de tres años en la duración de la contratación temporal por obra o servicios.
Por su parte, Rosa Díez (Unión Progreso y Democracia), ha criticado que la ley no afronte con "valentía" la colaboración público-privada, un problema para el que la ministra de Ciencia "no tiene una postura decidida", según Díez.
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