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La Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE) ha enviado una carta al Ministro de Sanidad y a cada uno de los responsables de sanidad de todas las comunidades autónomas en relación a la situación creada por el COVID-19. En ella se recuerda la necesidad de tener en cuenta que la restricción del movimiento de las personas debe tener en cuenta que en casi el 50 % de los hogares españoles se convive estrechamente con animales de compañía, especialmente perros y gatos. A este respecto se insta a establecer procedimientos que indiquen a los ciudadanos cómo actuar con el fin de preservar tanto la salud y el bienestar de los animales, sobre todo en lo que respecta a la circulación con animales por lugares públicos.

Por otra parte, es necesario garantizar el suministro regular de comestibles con todas las garantías de seguridad. Los animales productores de alimentos han de seguir siendo convenientemente atendidos y sus productos controlados por veterinarios clínicas y bromatólogos.

Dentro de los programas de salud pública

Se ha recordado que la Ley 33/2011 General de Salud Pública, que tiene por objeto establecer las bases para que la población alcance y mantenga el mayor nivel de salud posible, establece, en su artículo 24, que las administraciones sanitarias podrán habilitar a los centros de veterinaria para participar en los programas y estrategias de salud pública.

A este respecto, se ha ofrecido la red privada de centros sanitarios veterinarios, caracterizada por una extensa implantación tanto a nivel urbano como rural y una estrecha cercanía con la población, con el fin de poder actuar eficiente y rápidamente a través de su personal clínico veterinario de la manera que determine la autoridad sanitaria.

CEVE ha transmitido a los responsables de sanidad que en la actual coyuntura es preciso regular cómo se ha de realizar la atención sanitaria de los animales, tanto de compañía como de producción, especialmente en los casos en los cuales convivan con personas en cuarentena o aislamiento. Por esta razón, los centros sanitarios veterinarios, que forman parte del sistema sanitario español, deben poder permanecer a disposición de la ciudadanía y de la administración sanitaria para atender aquellas necesidades que surjan en relación con los animales.