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Sivepa vuelve a denunciar el desaprovechamiento de los profesionales y recursos veterinarios frente al coronavirus


El Sindicato Veterinario Profesional de Asturias (Sivepa), representado por su presidente José Fernández Romojaro y su vicepresidente Víctor Manuel González Álvarez, analizó esta semana ante la Comisión Especial de Estudio de la gestión de la crisis sanitaria COVID-19 de la Junta General del Principado de Asturias la utilización de los veterinarios de Salud Pública en la prevención y lucha en la calle contra el coronavirus.

El presidente de Sivepa expuso la actual debilidad de las estructuras de Salud Pública en todo el país con sus ridículos presupuestos y falta de personal, y que debido a ello el sistema asistencial, especialmente el hospitalario, había llevado las riendas de la gestión de la crisis centrándose en organizar la atención a los enfermos y olvidando hacer una prevención profesional y bien planificada a nivel de calle. Es decir, se olvidaron de la principal herramienta, lo que viene siendo un auténtico plan de contingencia de una pandemia.

Una grave irresponsabilidad

José Fernández Romojaro incidió sobre la grave irresponsabilidad de no haber movilizado en todo el Estado a unos 3.000 médicos veterinarios que dependen de organismos no sanitarios de la Administración, que ejercen labores de Veterinaria de Salud Pública (Art. 8.2 Ley 14/86 General de Sanidad), y que son expertos en medidas de prevención sanitaria a nivel de calle. Un recurso que ya estaba pagado, que hacía mucha falta, y que nunca se usó.

También señaló que otros 3.000 veterinarios que sí dependen de autoridades sanitarias y que son la gran mayoría de los inspectores de Salud Pública de este país tampoco fueron bien gestionados. Sólo en aquellas comunidades en que están adecuadamente integrados en sus Servicios Regionales de Salud, como en el caso de Extremadura, se utilizó gran parte de su potencial desde el primer momento, visitando e instaurando medidas de prevención en residencias geriátricas, centros socio-sanitarios, centros sanitarios, negocios alimentarios y otras muchas actividades, además de realizar labores de vigilancia epidemiológica.

Sin embargo, en aquellas autonomías en que estos veterinarios de Salud Pública están fuera del Sistema Nacional de Salud no se aprovechó para nada su potencial centrándose sólo en el sector alimentario, y lo que es peor, en algunas como Asturias o Castilla León, se llegó al absurdo de enviarlos a casa los primeros 15 días de confinamiento, cuando más los necesitaba la sociedad para asesorar y prevenir los contagios de COVID-19. Se les gestionó como si fueran parte de la Administración General en lugar de como unos de los sanitarios esenciales que más falta hacían para prevenir contagios en la calle en esos momentos de angustia, miedo y desinformación.

Por su parte, Víctor Manuel Álvarez hizo hincapié en la gran capacidad que tienen los laboratorios de sanidad animal de todo el país para realizar pruebas PCR y serologías, y que este recurso se había infravalorado y desaprovechado en gran medida.

Denunció que, incomprensiblemente, en el Principado no se había llegado a utilizar en ningún momento, mientras que en otras comunidades como en Galicia o Castilla y León, se habían hecho decenas de miles de análisis. Culpó también a la mala organización de los recursos veterinarios de la Administración de estas diferencias entre unas autonomías y otras, y pidió que se tomaran medidas para que no volviera a ocurrir, ya que si se hubiera utilizado en los momentos más críticos, sin duda hubiéramos evitado contagios.

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