Inmaculada Ibor, presidenta de la entidad, durante su intervención (imagen: Colegio de Valencia).Inmaculada Ibor, presidenta del Consell Valencià de Col.legis Veterinaris (CVCV), valoró en Les Corts la Ley de Protección Animal. En su intervención explicó que los veterinarios comparten el espíritu de la legislación, pero incidió en que hay artículos que no se ajustan a él. “Estamos de acuerdo con el espíritu general de la propuesta, pero se deben de modificar algunos aspectos que no se ajustan a lo que la norma persigue”, dijo nada más arrancar su exposición, tal y como informa el Colegio de Veterinarios de Valencia.
Ibor aclaró qué tres cuestiones fundamentales, recogidas en la exposición de motivos, merecen un mejor tratamiento para ser satisfechas. Efectivamente, se habla de que se “explicará con claridad, transparencia, rigor y seguridad jurídica las obligaciones de la ciudadanía y administración”; en segunda instancia, se reconoce que una de los fines de la norma será “erradicar el abandono” reconociendo como uno de sus pilares “la plena identificación, esterilización (de los animales) y las formación” (sensibilización de los propietarios) y en tercer lugar, se regulan los tratamientos obligatorios y los sistemas de identificación para garantizar la protección”.
En el texto propuesto, al contrario que otras leyes análogas como la de Madrid o Castilla-La Mancha, no quedan claras las obligaciones de los que se definen como responsables legales y temporales de los animales. Esta indefinición, por ejemplo cuando se refiere a la obligación de esterilizar a los perros “cuando no se pueda controlar la reproducción”, podría derivar en situaciones no deseadas.
Ibor puso ejemplos: “Nos preguntamos si una persona que tenga un perro temporalmente puede esterilizar al animal sin el consentimiento de su responsable legal”. O cuando se refiere a la obligación de los profesionales que actúan como ‘responsables temporales’ de comunicar a las autoridades la ausencia de identificación del perro. Tal obligación “podría afectar a la salud de los canes, ya que un propietario que incumpla puede no ir a tratarlo por miedo a que lo denuncien e incluso podría animarlo abandonarlo”, aclaró. Motivos por los que abogó por descartar al veterinario como responsable temporal y remarcó el hecho de que, legalmente, su responsabilidad sobre la tenencia no va más allá de la prestación de servicios.
Respecto de las obligaciones del veterinario en un núcleo zoológico (como una protectora), la presidenta del CVCV defendió que éste no puede ser el “responsable de mantener y aplicar el programa sanitario” -como reza el proyecto de Ley-, sino del “asesoramiento y de la supervisión” del mismo. Y lo mismo para cuando la norma requiera su presencia en ferias, exhibiciones, concursos, etc. donde este tampoco debería ser tratado como el “responsable del evento”.
De la misma manera y también sobre el ámbito de actuación de estos profesionales, la responsable colegial criticó la confusión existente en ciertos artículos al respecto del veterinario en ejercicio libre, que asesora, emite informes y lleva a cabo actos clínicos y el oficial, cuya función es la inspectora.
Ibor se apoyó en datos del Informe 2020 de la Fundación Affinity, que, por ejemplo, refleja que el 72 % de perros y el 95 % de gatos recogidos de las calles no tenían chip, para remarcar la evidencia de que “los animales identificados se pierden menos que los no identificados y en el caso de pérdidas permite una localización más rápida”.
Así las cosas, postuló seguir los pasos de otras autonomías (como Madrid, Cataluña, Murcia, La Rioja, Navarra, y Castilla La Mancha) para aprovechar esta ley para para definir claramente la identificación obligatoria, en la que el texto no entra, para los perros, gatos y hurones. “En la actual pandemia, si hubiésemos tenido que establecer medidas sanitarias, porque gatos o hurones hubiesen actuado como transmisores de la enfermedad, no tendríamos datos para planificar y fijar estrategias”, añadió.
Ibor fue insistente a la hora de defender las campañas de formación y concienciación como un instrumento clave con el que frenar el abandono o el maltrato. En ese sentido, reclamó que el texto tenga en cuenta las tareas de divulgación, formación y concienciación que pueden y de hecho realizan ya los colegios y el propio CVCV.
Además, ahondó también en algunas inconsistencias entre los fines de la ley y la tipificación de las infracciones, que pidió cambiar en muchos puntos.
Todos los miembros presentes en la comisión reflexionaron en voz alta sobre algún asunto concreto de la norma y plantearon alguna cuestión específica a la representante de los veterinarios. En lo que hubo unanimidad fue en valorar el “esfuerzo”, la “profesionalidad”, el “compromiso” del CVCV o la “claridad y concisión” mostrada por su presidenta en la defensa de las alegaciones planteadas. Todos los diputados, además, contaban con el informe previo a la comparecencia que el CVCV hizo llegar en noviembre a Les Corts.
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