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Desarticulada una organización en la que veterinarios falsificaban pasaportes equinos

La denuncia de otros dos veterinarios puso en marcha una investigación en la que también se han visto involucrados los propietarios de tres explotaciones ganaderas.


La Guardia Civil de la Región de Murcia ha dado por concluida la operación Horseon con la detención de tres personas y la desarticulación de una organización delictiva que supuestamente se dedicaba a expedir pasaportes equinos de manera fraudulenta sin conocer su trazabilidad en origen, lo que permitía su entrada en la cadena alimentaria. Los detenidos son dos veterinarios, acusados de los delitos de cohecho, falsedad documental y contra la salud pública, así como la administradora de una clínica veterinaria, como presunta autora de delitos de cohecho y falsedad documental.

Tres propietarios de explotaciones ganaderas han resultado investigados como presuntas autoras de delito de falsedad documental y contra la salud pública. Los arrestados e investigados, junto con las diligencias instruidas, han sido puestas a disposición del juzgado de Instrucción de Cartagena.

La Guardia Civil calcula que podrían ser cerca del medio millar los pasaportes equinos confeccionados de manera irregular desde 2016.

La denuncia de dos veterinarios puso en marcha la investigación

La denuncia de dos veterinarios fue la que puso en marcha la investigación en febrero de 2021, cuando se detectaron supuestas irregularidades en la expedición de documentos oficiales y en la implantación de chips a caballos para regularizar su situación sin conocer su trazabilidad en origen. Esto motivo la investigación de 20 fincas ganaderas por parte del Seprona.

De dichas investigaciones se desprende que fincas ganaderas que no estaban inscritas en el el Registro de Explotaciones Ganaderas y Agrícolas (REGA) adquirían equinos sin documentación a bajo coste y utilizaban documentos falsos para reglar su trazabilidad antes de ser vendidos en mataderos o a otras explotaciones, presuntamente en connivencia con el propio veterinario oficial de una Oficina Comarcal Agraria, que habría utilizado su acceso a los soportes informáticos correspondientes para generar documentos sanitarios que no garantizaban la trazabilidad de los animales.

Los documentos oficiales irregulares se expenderían a través de una clínica veterinaria propiedad de una persona de su entorno familiar, con la firma de otro veterinario que nunca llegó a inspeccionar a los animales. Después, los ganaderos obtenían previo pago los documentos con la falsa trazabilidad que les permitían introducir a los animales en el mercado sin las garantías sanitarias exigidas para su consumo humano.

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