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Desarticulado un grupo dedicado a la dispensación fraudulenta de medicamentos veterinarios

Entre los productos, que se distribuían en un total de 13 provincias sobre todo a animales de producción, abundaban los antibióticos y las prescripciones excepcionales.


Cinco personas con edades comprendidas entre los 36 y 64 años de edad y vecinos de Albacete han sido detenidos por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en la operación Berto, con la que se desarticulado un grupo criminal dedicado a la distribución de medicamentos veterinarios sujetos a prescripción facultativa, para animales productores de alimentos, al margen de cualquier criterio clínico y de sanidad animal.

Otras 19 personas que trabajaban en varias localidades de la provincia albaceteña, así como en las provincias de Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Murcia y Alicante, y cuya actuación habría facilitado la comisión de los hechos investigados, están siendo también investigadas como presuntos autores de delitos contra la salud pública, falsedad documental e intrusismo.

Prescripciones sospechosas

La investigación comenzó cuando el Seprona tuvo conocimiento de que se había detectado un importante número de prescripciones sospechosas de un mismo veterinario, relacionado con una empresa dedicada a la venta de productos veterinarios. El elevado número de recetas firmadas por este veterinario, así como la coincidencia en las fechas de prescripción y el volumen de sus destinatarios, ya que figuraban más de 400 de distintas provincias, hizo levantar las sospechas.

Además de las instalaciones donde tenía ubicada su sede social, el Seprona detectó que la empresa investigada utilizaba una nave industrial que no estaba controlada por ninguna de las administraciones competentes en ganadería y sanidad, donde almacenaban los productos que posteriormente distribuían. El registro de la sede social y la nave permitió el acceso a documentación de cuyo análisis se obtuvieron datos esenciales para establecer el modus operandi.

La empresa investigada habría estado dispensando medicamentos veterinarios sujetos a prescripción facultativa, para animales productores de alimentos, muchos de ellos antibióticos, al margen de cualquier criterio clínico, de sanidad animal y sin responder a un uso racional de este tipo de medicamentos. Los propios comerciales de la empresa disponían, entre su documentación de trabajo, de información exacta sobre medicamentos veterinarios y antibióticos, con anotaciones sobre dosificación, principios activos, priorización de tratamiento, tiempos de espera para carne, leche y huevos, etc., datos necesarios para la prescripción veterinaria.

La función del veterinario detenido

Esta operativa se completaba con la actuación del veterinario detenido, cuya función era firmar todas las recetas que se le presentaban y que provenían de tratamientos aplicados al margen del conocimiento de los veterinarios responsables de las explotaciones, o bien de tratamientos que se negaban a prescribir algunos veterinarios, cuando se los solicitaban. Este facultativo recibía una remuneración por estos servicios que procedía del pago por receta realizada y descuentos en la adquisición de productos de la empresa investigada.

Además, se detectó que, en algunas ocasiones a petición de los propietarios de los animales, la empresa obviaba la preceptiva actuación veterinaria, convirtiendo de facto a los trabajadores de esta empresa en los verdaderos prescriptores de los medicamentos, que eran validados posteriormente por los veterinarios encargados de las explotaciones; por lo que los implicados en estos hechos también han sido investigados en esta operación.

El proceso se completaba con la colaboración de dos de los farmacéuticos garantes de la correcta dispensación de este tipo de medicamentos veterinarios, omitiendo las funciones de control que legalmente tienen asignadas, dificultando con ello de manera evidente la labor inspectora y de control de las diversas administraciones competentes en la materia.

Con esta trama organizada no solo se obtendrían los beneficios propios de los márgenes comerciales de las ventas de medicamentos ordinarios, sino que permitirían a esta empresa cumplir determinados objetivos y rapeles de venta establecidos contractualmente con diversos laboratorios farmacéuticos, y con ello acceder a las bonificaciones pactadas.

La actividad de esta empresa veterinaria se extendía por 13 provincias, llegando incluso a localidades de Barcelona, Badajoz o Navarra, aunque el grueso de la misma se centraba en localidades de esta provincia y de las limítrofes como Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Murcia, Alicante y Valencia. Entre estos no solo se encontraban explotaciones ganaderas, sino que también había particulares, clínicas veterinarias, farmacias, tiendas de productos zoosanitarios y otras comerciales del sector.

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