María Luisa Fernández Miguel, vocal de Pequeños Animales del Consejo General de Colegios Veterinarios de España.La Organización Colegial Veterinaria (OCV) dedicó la última reunión de su junta interterritorial de manera monográfica a abordar los contenidos del anteproyecto de la Ley de Protección y Derechos de los Animales, que este mes abril comienza su trámite parlamentario.
Tanto la OCV como los Consejos Autonómicos y los Colegios presentaron 73 alegaciones al borrador que no han sido recogidas, con un contenido que trata de buscar mayor nivel de rigor científico y menor indefinición en los aspectos más delicados.
en la reunión de la junta, que tuvo lugar de forma semipresencial con la participación de representantes veterinarios de todas las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, se destacó que es necesario que la Ley de Protección y Derechos de los Animales sirva para mejorar los niveles de la identificación como vía más efectiva para luchar contra el abandono, en vez de recurrir a la esterilización generalizada; que precise con mayor concreción términos como maltrato, eutanasia y sacrificio, y aclare cómo y quiénes van a impartir la formación en tenencia responsable de animales de compañía.
Los asistentes a la reunión, de manera unánime, resaltaron el sesgo animalista del texto y el papel poco relevante que se ha dejado a los veterinarios en su redacción, a pesar de ser los profesionales cualificados por excelencia en ámbitos como la salud y el bienestar animal, medibles por parámetros objetivos.
En este sentido, María Luisa Fernández Miguel, vocal de Pequeños Animales del Consejo General, efectuó un completo repaso a las alegaciones agrupadas por temas y lamentó que desde la Dirección General de Derechos de los Animales solo se relacione el bienestar con los animales de producción: “Olvidan que los veterinarios clínicos que trabajamos con animales de compañía no tenemos ningún compromiso productivo, pero evidentemente buscamos su bienestar”.
“Somos los técnicos competentes para valorar y aplicar esta normativa, tanto en inspección de núcleos zoológicos como en casos de maltrato. La primera valoración sobre maltrato debe hacerla un veterinario forense, figura que la ley sorprendentemente no incluye y que es imprescindible”, señaló María Luisa Fernández, quien destacó el papel de las clínicas veterinarias como primer escalón entre la sociedad y las autoridades para difundir los derechos de los animales y detectar posibles infracciones a la normativa que los protege.
La marginación de la profesión queda patente en que solo hay una mención en el texto legal a los veterinarios como integrantes del Consejo Estatal de Protección Animal, junto a representantes ministeriales y “expertos de reconocido prestigio”, y para aportar datos estadísticos a las autoridades, pero quedan fuera de otros órganos.
Además, llama poderosamente la atención que no se especifique la temporalidad de los reconocimientos veterinarios recomendados, y que en los centros de protección privados no haya atención veterinaria las 24 horas, cuando sí se exige en los públicos y en concursos y exposiciones.
La equiparación con los centros veterinarios con núcleos zoológicos o residencias es otro de los motivos de discordia, aunque el grueso de las críticas proviene de la formación, un ámbito que la nueva ley pretende potenciar pero sin contar con los veterinarios.
“Es un tema recurrente, porque se pone especial énfasis en formar a diversos perfiles: funcionarios, condenados por delitos de maltrato animal, menores, propietarios y gestores de colonias felinas, pero no sabemos quién lo va a hacer, cómo y con qué contenido. Desde luego, no se cita para nada a los veterinarios”, explicó la vocal de la OCV.
También se pone el foco en la utilidad de los peritos veterinarios para prevenir el maltrato, otra figura que tampoco se contempla en el Plan Nacional contra el Maltrato y que resulta de vital importancia en la ejecución judicial. En el encuentro también rechazó el empleo de términos como “dignidad” y “ética” por carecer de carácter científico, y se pide mayor compromiso en la obligatoriedad y control efectivo de la identificación.
“La Ley debería ser mucho más clara en este sentido, al establecer la identificación obligatoria de todos los animales cuya tenencia, venta y comercialización como animales de compañía esté permitida. Hay que poner los medios para que esa identificación sea efectiva y se lleve a cabo junto al reconocimiento veterinario periódico”, apunta Fernández Miguel, quien, como los presidentes que participaron en la reunión, insiste en la eficacia de esta medida frente a la esterilización obligatoria como procedimiento para frenar el abandono, “que solo debe efectuarse de forma individualizada y siempre bajo criterio veterinario, para evitar posibles problemas de salud y etológicos. Son muchos los grupos científicos y sociedades internacionales contrarios a esta medida con carácter general, sistemático, y en todo caso debería también tenerse en cuenta la posibilidad de esterilizaciones de carácter reversible”.
Por otro lado, la OCV entiende que el sacrificio cero de animales enfermos que defiende el anteproyecto va a generar situaciones complicadas cuando un animal sufra una patología grave pero tratable y el propietario no pueda asumir su coste, “porque puede ocurrir que el ejemplar tenga entonces una notable merma en su calidad de vida, incluso con cuidados paliativos, próxima al maltrato”.
Por último, en lo concerniente a colonias felinas, Fernández Miguel estima que se parte de un error en el planteamiento de la norma, “ya que las medidas adoptadas van encaminadas a mantener esos grupos de gatos en la calle con mayor control sanitario, que no de identificación, cuando lo lógico sería apostar por su progresiva reducción, por motivos de bienestar de los propios animales y de salud pública”, apostilló la vocal, quien también subrayó el hecho de que la Ley carezca de medios económicos para asegurar su aplicación. También se exige a la Dirección General una mayor concreción respecto a la importancia de la medicina del comportamiento (etología) en los perros catalogados hasta ahora como potencialmente peligrosos.
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