Casto Berriel Martínez.El veterinario Casto Berriel Martínez, condenado en diciembre de 2019 a cuatro años y siete meses de prisión por la Audiencia Provincial de Las Palmas, ha visto reducida su pena hasta los tres años de cárcel por la Sala II del Tribunal Supremo. El condenado fue encontrado culpable de delitos de falsedad en documento mercantil y público y de prevaricación, que cometió en el año 2012 mientras era jefe de la Unidad de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Fuerteventura.
La pena ha sido reducida por la reforma de la Ley Orgánica 1/2015, del Código Penal, aunque se mantienen los cuatro años y dos meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público al acusado, así como la multa de 1.800 euros que deberá pagar. Del mismo modo, el Tribunal Supremo mantiene la condena a Casto Berriel por un delito continuado de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, a la pena de diez meses multa con una cuota diaria de diez euros (un total de 3.000 euros) y suspensión para cualquier empleo o cargo público en el Cabildo de Fuerteventura durante dos años y tres meses.
Casto Berriel Martínez fue condenado por desempeñar a la vez el puesto de jefe de Agricultura y Ganadería del Cabildo de Fuerteventura, que lo hacía responsable de las concesiones de subvenciones a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria, y los cargos de administrador único de la entidad mercantil Microtón Fuerteventura, SL, y más tarde, desde 2012, de administrador de hecho de la entidad Servicios Agrarios Capraria, SL, entidad sucesora de la anterior en la que el administrador único era su sobrino Rafael Berriel. El acusado lo hizo a sabiendas de la manifiesta incompatibilidad entre ambas actividades y de la ausencia de respaldo legal alguno.
En el caso estuvieron también imputadas otras tres personas vinculadas a ADS, que fueron absueltas al considerarse que no actuaron en connivencia con el acusado para la concesión de las ayudas.
En la sentencia del Supremo se desestiman los recursos de Rafael Berriel, condenado por prevaricación a tres años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y del empresario José Jesús García Sánchez, condenado como autor de un delito de falsedad en documento mercantil, a la pena de seis meses de prisión y seis meses multa, con una cuota diaria de diez euros.
Igualmente, Casto y Rafael Berriel tendrán que indemnizar al Gobierno canario con 9.000 euros de la subvención concedida para sufragar un tractor que no llegó a comprarse, a pesar de que el expediente de subvención pública correspondiente recoge textualmente que "el beneficiario ha ejecutado la inversión objeto de la subvención, aportando factura de los gastos".
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