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El Comité Ejecutivo Federal de la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (Fesvet) sigue trabajando para trasladar a los políticos sus demandas antes de iniciar nuevas manifestaciones como la del pasado 3 de abril, de la que fueron organizadores. La federación ha enviado un escrito a la ministra de Sanidad Carolina Darias en el que recogen lo más sustancial de lo consensuado entre las principales fuerzas vivas de la comunidad veterinaria tras la manifestación.

Fesvet recuerda que también han enviado un escrito al presidente del Gobierno, "del que no hemos tenido respuesta hasta la fecha", y advierte de que de no recibir respuesta del ministerio de Sanidad "iniciaremos una ronda de reuniones con los principales organismos de representación de la profesión veterinaria para plantear nuevas movilizaciones y todo tipo de actuaciones reivindicativas para evitar el ninguneo de nuestra profesión veterinaria dentro del Sistema Nacional de Salud y en todas las áreas de influencia sanitaria"

El texto enviado a la ministra Carolina Darias dice lo siguiente:

Estimada Ministra,

El domingo 3 de abril de 2022 alrededor de 3.000 veterinarios de toda España recorrimos las calles de Madrid bajo un lema inequívoco “SOMOS VETERINARIOS, SOMOS SANITARIOS”. Durante el trayecto desde Sol hasta el Ministerio de Sanidad, y en el acto final a las puertas del Ministerio, se fueron desgranando los objetivos recogidos en el decálogo de peticiones y jaleadas consignas que expresaban el malestar de los diferentes sectores del ejercicio profesional veterinario ante la injusta e inexplicable situación de abandono y falta de reconocimiento como profesionales sanitarios que sufrimos de manera conjunta todo el colectivo.

Es indiscutible que la profesión veterinaria desempeña una labor sanitaria imprescindible en la protección de la salud de las personas respecto a peligros procedentes de la vida animal, de sus producciones como los alimentos, desde su origen hasta su destino, y del medio ambiente (vectores biológicos, fauna silvestre, contaminación ambiental, biológica, química o física), llevando a cabo sus actuaciones sanitarias en distintos ámbitos: centros de salud en atención primaria, mataderos, establecimientos alimentarios de todo tipo, explotaciones ganaderas, clínicas de animales de compañía, laboratorios, centros de investigación, y un largo etcétera, desde hace más de 200 años, lo que permite asegurar a la población española una disponibilidad suficiente de alimentos con las garantías sanitarias imprescindibles, amén de mantener a todos los animales y el entorno medioambiental en condiciones que no añadan nuevos riesgos sanitarios comunitarios; en definitiva la profesión coopera en gran medida para que los españoles puedan gozar de un buen estatus sanitario.

Nuestras competencias profesionales se encuentran recogidas en el ordenamiento jurídico, en disposiciones como la Ley General de Sanidad, Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud o Ley General de Salud Pública, entre otras. Sin embargo, a pesar de contar con ese amparo legal y de la enorme importancia y trascendencia de la labor de la Veterinaria de Salud Pública en la protección y promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la población humana, en las tres últimas décadas estamos asistiendo a un desmantelamiento continuo de las estructuras y competencias de la Veterinaria de Salud Pública dentro del Sistema Sanitario Público, con una dispersión competencial fragmentada entre diferentes departamentos de la administración, muchos de ellos de carácter no sanitario, tanto a nivel ministerial como autonómico, que impide la necesaria efectividad, eficacia y eficiencia en la labor preventiva del SNS, cuyas consecuencias sufrirán nuestros conciudadanos. 

En estos momentos la profesión veterinaria no es suficientemente tenida en cuenta dentro del Sistema Nacional de Salud, como ha ocurrido en muchas ocasiones durante la pandemia de la COVID-19, los Veterinarios Oficiales de Salud Pública no tienen una categoría homogénea entre los diferentes Servicios Regionales de Salud, ni el reconocimiento de especialidad en ciencias de la salud, ni el acceso a la carrera profesional sanitaria. Los Centros Clínicos Veterinarios no están incluidos en el catálogo de centros y servicios sanitarios de salud pública, como consecuencia de ello las prestaciones clínicas veterinarias repercuten en su facturación un IVA no sanitario. Tampoco el Registro Nacional de Profesionales Sanitarios que gestiona el Ministerio de Sanidad está correctamente desarrollado para el colectivo veterinario; ni en la base de datos de sociedades científicas de profesiones sanitarias del Ministerio se ha incluido hasta ahora a las sociedades científicas veterinarias de salud pública y comunitaria. 

Además, el colectivo veterinario, a pesar de la penosidad y especial dificultad intrínsecas a muchas de sus actividades laborales, se encuentra excluido del grupo de profesiones sanitarias de riesgo, en el que sí están médicos o enfermeras. Sufrimos una discriminación también respecto al resto de veterinarios europeos en cuanto a la gestión de medicamentos veterinarios en nuestros centros clínicos. Y se nos ignora sistemáticamente, por parte de instituciones y organismos públicos, cuando se desarrollan medidas legislativas que afectan a la salud pública, incluyendo los campos de la salud alimentaria, la sanidad y bienestar animal y la salud ambiental.

Recientemente hemos asistido a dos nuevos hechos que acrecientan esa situación, como ha sido la exclusión de nuestra profesión en las recientes convocatorias de procesos de ingreso de personal sanitario del Ministerio de Sanidad, en los que se han convocado cerca de 100 plazas para médicos titulares y farmacéuticos titulares, y ninguna para el cuerpo de veterinarios titulares. Y por otro lado la exclusión de los veterinarios en la concesión de la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad, en atención a los méritos y circunstancias que concurren en varios Consejos Generales de Colegios de Sanitarios, a pesar de la labor sanitaria trascendental que han desarrollado durante la pandemia los veterinarios, manteniendo la actividad para garantizar una disponibilidad suficiente y segura de alimentos de origen animal, promoción de las correctas prácticas ambientales para mitigar la propagación del virus y la participación activa en la vigilancia epidemiológica del SARS-CoV-2, con seguimiento de casos confirmados y sus contactos, poniendo en marcha las medidas protocolizadas en cada momento, de la manera más temprana posible, para ralentizar la propagación del virus y evitar los colapsos de camas hospitalarias y un mayor número de fallecimientos. Y ello, sin olvidarnos del cuidado y atención permanente de la salud y el bienestar de todos los animales como parte esencial en el mantenimiento de la salud pública.

 Por todo ello, le trasladamos nuestra profunda indignación por tantos agravios como estamos sufriendo, y nuestro rechazo a que la dejación de los poderes públicos aumente cada día más la debilidad del Sistema Nacional de Salud en materia de Protección y Promoción de la Salud Pública. 

Fesvet considera que esta situación es francamente mejorable y que se podrían adoptar por su Ministerio diferentes medidas que permitan revertir esta tendencia, favoreciendo todas las potenciales de la veterinaria de salud pública y comunitaria en pro de la salud de la personas para que de esta manera se mejoren cuantitativa y cualitativamente las prestaciones de protección de la salud pública de nuestro Sistema Nacional de Salud.  

Y por ello nos ponemos a su disposición y le solicitamos una reunión en la que podamos abordar y definir muchas de las propuestas expuestas, y buscar soluciones consensuadas para alcanzar los objetivos que más pormenorizadamente se expresan en el Anexo que se acompaña. 

En espera de su respuesta, reciba un afectuoso saludo.

En Madrid a 22 de mayo de dos mil veintidós.