Dos veterinarios colegiados están siendo investigados en una operación que el Seprona ha llevado a cabo en Lopera (Jaén), en el que están implicadas un total de cuatro personas por vender perros sin licencia. Los veterinarios están acusados de falsedad documental, ya que uno de ellos presuntamente expidió 20 pasaportes veterinarios cuyos correspondientes microchips no habían sido implantados en los animales, mientras que el otro habría certificado vacunaciones antirrábicas y tratamientos contra el Echinococcus que no se habían realizado.
La investigación comenzó cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de Jaén recibió en marzo una denuncia de maltrato animal por parte de una persona que había acogido hasta nueve perros en malas higiénicas y sanitarias procedentes de un supuesto criadero ilegal de perros.
Tras iniciar las investigaciones la Guardia Civil constató la existencia de un criadero de perros en el Polígono Industrial de la localidad de Lopera (Jaén) y procedió a inspeccionar las instalaciones. Al acceder a su interior hallaron hasta 35 perros de más de tres meses de edad, sin la correspondiente identificación (cuatro de ellos presumiblemente de raza potencialmente peligrosa), constatándose a su vez, como en gran parte de los animales correctamente identificados, concretamente en 48, tras el análisis de los pasaportes, se había realizado una pauta de vacunación incorrecta.
Además, se comprobó que el responsable de las instalaciones no tenía el correspondiente permiso del ayuntamiento de la localidad que certificara que es una empresa apta para desempeñar una actividad para la cría y venta de animales de compañía. Igualmente, los agentes comprobaron también que las instalaciones carecían en el momento de la inspección, de la correspondiente autorización y registro como núcleo zoológico y del registro de entrada y salida de animales. Pese a ello se constató la venta de un total de 47 perros por un importe aproximado de 50.800 euros.
Durante las investigaciones se analizaron y estudiaron 95 pasaportes para animales de compañía y se detectaron ciertas anomalías con los microchips leídos. En concreto 20 pasaportes contenían en su interior una jeringa con el transpondedor con el que supuestamente se había identificado al animal al que correspondía el pasaporte, por lo que el microchip no se había implantado en el animal, contradiciendo lo recogido en el propio pasaporte. Ante esto, se procedió a investigar a los responsables de las instalaciones como presuntos autores de un delito de falsedad documental, al localizarse 20 perros supuestamente identificados de forma incorrecta mediante los pasaportes que contenían el microchip en su jeringa, lo que les permitía la sustitución de un animal por otro.
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