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Una veterinaria queda absuelta de provocar la muerte de 39 perros de caza que ya no cumplían con sus funciones

La Fiscalía pedía para ella dos años y ocho meses de prisión por falsedad documental, y 15 meses de prisión y dos años y seis meses de inhabilitación por cada delito de maltrato animal.


El juicio por la muerte de 39 perros de caza celebrado en Mérida la pasada semana se ha saldado con la absolución de todos los acusados, entre los que se encontraba una veterinaria de la provincia de Badajoz. Los hechos juzgados se remontan a los años entre 2017 y 2019 cuando, según la acusación de la Fiscalía, la veterinaria, de manera continua y a requerimiento de sus propietarios, provocó la muerte de 39 perros de razas especializadas en caza, básicamente galgos. Sin embargo, según la sentencia no queda acreditado que la acusada provocase la muerte de los animales sin ajustarse a los protocolos exigidos por el Código Deontológico del Consejo General de Colegios de Veterinarios de España sobre la praxis de la eutanasia, como reflejaba el escrito de acusación de la Fiscalía.

Del mismo modo, la sentencia indica que no queda acreditado que los propietarios de los animales acudiesen a la veterinaria encausada, “alegando que los perros ya no cumplían de manera adecuada con las funciones cinegéticas que les tenían encomendadas (sin enfermedad física que comprometiese su vida, alteraciones de comportamiento que hicieran peligrar la integridad física de los propietarios, terceros u otros animales, razones de sanidad pública u orden de autoridad al respecto), considerándolos pues inservibles, ni que por ello manifestaran su intención de deshacerse de los mismos”.

Así mismo, la sentencia añade que tampoco ha quedado acreditado que la acusada “les ofreciese dar a los mencionados perros, por el simple hecho de no servir a los fines de sus propietarios, muerte, ni que lo hiciera tampoco mediante la administración intravenosa de una inyección letal por un precio de 15 euros, haciéndolo sin previa sedación de los animales causándoles un sufrimiento innecesario, para después los propietarios llevarse el cadáver para enterrarlo en terrenos de su propiedad o en los extrarradios de sus localidades”.

Cambios en las declaraciones

Algunos de los once cazadores encausados cambiaron su versión al comienzo del juicio, y negaron que hubieran llevado a sus animales a la veterinaria, tal y como sí habían declarado en un primer momento. La acusada, por su parte, negó los hechos en todo momento. Durante el proceso, la Fiscalía retiró la acusación contra ocho de los propietarios encausados, pero la mantuvo para otros tres propietarios, así como para la veterinaria.

Para esta última la Fiscalía pedía dos años y ocho meses de prisión y multa de 10 meses por un delito de falsedad documental continuada, y 15 meses de prisión y dos años y seis meses de inhabilitación para tenencia y oficio relacionado con animales por cada delito de maltrato animal. Según la acusación se trataba de perros perfectamente sanos y casi ninguno de los cuales superaba los cinco años de edad, pero que eran sacrificados debido a que según los dueños ya no eran buenos para la actividad cinegética. Para los propietarios de los animales sacrificados, por su parte, solicitaba 15 meses de prisión y dos años y seis meses de inhabilitación para tenencia y oficio relacionado con animales por cada delito de maltrato animal.

Además de la Fiscalía, en este juicio estaban personados como acusación el Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz, Ecologistas en Acción, la asociación protectora El Refugio, SOS Perros Badajoz, SOS 112 Vagabundos, la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) y la Asociación de Defensa de los Animales de Badajoz (Badajoz).

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