Hoy debería haber comenzado en la Audiencia Nacional el juicio a once personas, entre ellas varios veterinarios, acusadas de comercializar carne de caballo sin los controles sanitarios necesarios y comercializar animales no aptos para el consumo humano. Sin embargo, la vista se ha aplazado porque uno de los acusados ha renunciado al abogado de oficio que se le había asignado, y el juicio no se retomará hasta el próximo 12 de septiembre. La Fiscalía ya había adelantado que posiblemente llegaría a algún tipo de acuerdo con alguno de los acusados, que reconocerían los hechos, así que el juicio podría resolverse antes de los tres días de duración que tenía previsto. Las penas que se solicitan van desde los cuatro a los nueve años y medio de prisión por delitos contra la salud pública, falsedad documental y grupo criminal.
Los hechos investigados sucedieron en octubre de 2016, al menos, y su origen está en dos mataderos de Astorga y Toreno, dos localidades leonesas. De ahí partía carne de caballo no apta para el consumo humano, que se comercializaba sin control sanitario o de trazabilidad. El auto de la jueza señala que los caballos no contaban con la documentación requerida, o que esta se falsificaba con certificados de otros animales, incluso muertos, cuando se reflejaba que la carne no era apta para consumo humano. También hubo animales que se sacrificaron directamente y entraban en la cadena alimentaria humana sin ningún tipo de control ni documentación.
Los hechos se remontan a octubre de 2016, cuando los acusados se dedicaban a introducir en el mercado carne de caballo no apta para el consumo humano eludiendo los controles sanitarios y de trazabilidad. Los acusados utilizaban animales sin identificación o falsificaban documentación para hacer que caballos fueran considerados aptos para la venta con certificados de otros animales, incluso muertos, cuando se reflejaba que la carne no era apta para consumo humano. También hubo animales que se sacrificaron directamente y entraban en la cadena alimentaria humana sin ningún tipo de control ni documentación.
La juez que lleva el caso ha señalado que era necesaria la colaboración entre las personas que suministraban los animales, los responsables de los mataderos y los veterinarios oficiales, que se encargaban de evitar los controles y de falsificar documentos oficiales.
La investigación llegó ha llegado hasta dos mataderos de la provincia de León, en Astorga y Toreno, dos localidades leonesas, de donde partía la carne de caballo no apta para el consumo humano.
El auto concluye que era indispensable que existiese un acuerdo entre las personas que suministraban los animales a los mataderos, los responsables de estos mataderos y el veterinario oficial encargado de supervisar la carne, que no introducía los datos de los animales en el sistema o los falsificaba, con lo que la carne no apta para el consumo humano llegaba hasta los consumidores con el correspondiente riego para la salud pública.
Según los análisis realizados, en muestras de la carne interceptada se encontraron restos de varias sustancias nocivas para la salud humana, como el cloranfenicol, monensina sódica o robenidina, además de antibióticos.
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