La colaboración ciudadana, así como la del Colegio de Veterinarios de Valladolid, ha permitido a la Guardia Civil poner en marcha una investigación ante un supuesto delito de intrusismo profesional veterinario en el que están implicadas cuatro personas que ejercían como veterinarios son tener la titulación requerida en la localidad vallisoletana de Medina de Rioseco.
En su investigación, la Guardia Civil comprobó que tres auxiliares estaban ejerciendo labores que competen exclusivamente a los veterinarios en un centro de la localidad en ausencia de la propietaria de la clínica veterinaria. Los investigados recibían instrucciones de la veterinaria a través del teléfono y de mensajes de WhatsApp, y habrían realizado tratamientos que incluyen hemogramas, estudios bioquímicos, radiografías y pruebas de enfermedades infecciosas. Igualmente, habrían administrado vacunas con su correspondiente anotación en el Pasaporte Animal y su posterior grabación en la Base de Datos del Sistema de Identificación de Animales de Compañía de Castilla y León (SIACYL).
Cualquier acto clínico que se lleve a cabo en una clínica veterinaria, incluyendo la exploración clínica del animal, actuaciones relacionadas con el comportamiento, etología, fisioterapia u odontología entre otras, sobre cualquier animal consistente en prevenir, diagnosticar, curar o aplicar tratamientos médicos o quirúrgicos, requiere la condición de veterinario. Asimismo, la prescripción de medicamentos de uso veterinario sólo puede ser llevada a cabo por veterinarios colegiados cuyo botiquín veterinario haya sido registrado en la Administración Pública correspondiente (Consejería de Sanidad o Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León). Del mismo modo, la administración de vacunas contra enfermedades de declaración obligatoria, como es la rabia, sólo puede ser realizada por un veterinario colegiado habilitado y autorizado por la Administración pública correspondiente a tal fin.