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El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Murcia ha informado al Colegio de Veterinarios de la región, así como también al Colegio de Odontólogos, de la investigación que ha llevado a cabo a cuatro empleados de una empresa transportista por ofertar servicios a clínicas y centros de tatuaje para la gestión de residuos biosanitarios sin la preceptiva autorización. A los arrestados se les han instruido diligencias como presuntos autores de los delitos de falsedad documental y estafa. En la operación, denominada 'Fake Manager', la Guardia Civil ha inmovilizado más de 6.000 kilogramos de residuos biosanitarios cortantes y punzantes.

La investigación comenzó tras la denuncia de un gestor de residuos peligrosos, quien reportó una irregularidad en la recogida y tratamiento de desechos. Según la denuncia, un responsable de una clínica dental solicitó a la empresa gestora de residuos un comprobante para confirmar la entrada de sus residuos peligrosos en su centro de gestión.

Los residuos, supuestamente recogidos por una empresa transportista de residuos, carecían de vínculo comercial con la clínica dental, lo que impedía la emisión de los documentos de control y seguimiento (DCS) solicitados. Estos documentos, aparentemente falsificados en la sección de gestor final, generaron pérdidas económicas y afectaron la credibilidad del sector.

La empresa transportista, involucrada en la presunta falsificación documental, recibía pagos en efectivo por sus servicios. Los centros productores de residuos no podían proporcionar información sobre quienes realizaban las recogidas. Además, la mercantil en cuestión estaba registrada a nombre de dos personas, ambas culpándose mutuamente, lo que inicialmente complicó la identificación del responsable de los hechos denunciados.

Los guardias civiles denunciaron los hechos ante la Dirección General del Medio Ambiente, que inició varios expedientes administrativos de sanción por la mala praxis detectada en la gestión de residuos peligrosos a la mercantil transportista, por no informar de donde se entregaban los residuos peligrosos.

Los efectivos del Seprona, que continuaban con la investigación, detectaron en una inspección rutinaria a una clínica veterinaria de Molina de Segura que la empresa vinculada a la investigación anterior estaba operando nuevamente. Los guardias civiles inspeccionaron minuciosamente la documentación y detectaron que la empresa que figuraba como gestor final, donde se suponía que se entregaban los residuos, no había recibido productos de la empresa transportista.

A través de una plataforma web

En este caso sí se pudieron constatar los destinatarios de los pagos por los supuestos servicios de recogida y gestión de los residuos peligrosos biosanitarios entregadas por los centros productores.

La empresa bajo investigación iniciaba sus operaciones estableciendo conexiones con centros productores de residuos peligrosos, cumpliendo con la normativa de la Ley de 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para fomentar una economía circular. A través de su plataforma web, la empresa intermediaria de residuos ofrecía servicios especializados. Una vez contratada la recogida, transportistas de la compañía pasaban por los establecimientos para recolectar contenedores de aproximadamente cinco kilogramos, llenos de residuos. Posteriormente, entregaban otros contenedores vacíos de iguales características para dar continuidad al servicio.

El método de pago predominante era en efectivo, aunque posteriormente se realizaban transferencias a una cuenta bancaria. Notablemente, la titular de la cuenta no ocupaba un cargo directivo en la empresa, sino que tenía un contrato laboral por horas.

En lo que respecta a la documentación, los documentos de control y seguimiento de los residuos gestionados supuestamente eran falsificados, utilizando los datos de la mercantil que figuraba como gestora final. Curiosamente, ni los residuos ni los gastos por estos servicios eran entregados a la mencionada gestora final; en cambio, los gestores de la empresa investigada se apropiaban de las sumas destinadas a la gestión final de los residuos, los cuales eran depositados y acumulados en algún lugar no especificado.

Los investigadores del Seprona realizaron una inspección en una sede de la empresa transportista de residuos en Lorquí, encontrando más de 6.000 kilogramos de utensilios provenientes de clínicas veterinarias, dentales y centros de tatuajes. Estos artículos fueron inmovilizados para la Dirección General del Medio Ambiente de la Comunidad.

Una vez recopilados los indicios necesarios, la Guardia Civil identificó, localizó e investigó a cuatro personas vinculadas a la empresa, incluyendo al administrador, un empleado y dos transportistas responsables de la recogida de residuos. Se les instruyeron diligencias como presuntos autores de falsedad documental y estafa.

La Guardia Civil compartió la información sobre los hechos constatados con los colegios oficiales de Odontólogos y Veterinarios de la Región de Murcia, con el objetivo de difundirla entre los colegiados y permitirles presentar alegaciones como perjudicados.

Al menos 30 clínicas afectadas

Hasta el momento, se han verificado al menos 30 clínicas afectadas por las actividades ilícitas, aunque se estima que el número total de empresas perjudicadas supere el centenar, abarcando la Región de Murcia y provincias limítrofes como Albacete y Alicante.

Los investigados se enfrentan a penas por falsedad documental y estafa, considerando las disposiciones legales para cada delito. Todos los elementos incautados y las diligencias realizadas han sido entregados al Juzgado de Instrucción de Murcia.