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La Audiencia Provincial de Barcelona confirmó el pasado 26 de febrero la condena del Juzgado Penal de Manresa a prisión y a no ejercer cualquier profesión u oficio relacionado con animales a una pareja propietaria de un negocio relacionado con animales y centro veterinario, por la comisión de un delito de intrusismo profesional agravado con costes procesales. Este organismo judicial mantiene el valor probatorio de las declaraciones de los tres veterinarios que fueron testigos directos de cómo uno de los acusados realizaba actuaciones reservadas a los veterinarios.

Como copropietarios de un establecimiento abierto al público, el condenado hizo cirugías, diagnósticos, prescripción y administración de medicamentos. La propietaria que no realizaba directamente actos de intrusismo también ha sido condenada porque favorecía y conocía que en su centro veterinario se estaban realizando prácticas veterinarias, incurriéndose en un claro Intrusismo profesional. Los dos condenados contrataban profesionales sin experiencia como “tapadera”, para poder actuar como veterinarios, realizando actos propios de la profesión.