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Administraciones y sector agroganadero español rechazan rotundamente la reforma de la PAC

Es la primera conclusión del seminario organizado por el Parlamento Europeo la semana pasada


El seminario ¿Qué Política Agrícola Común (PAC) después de 2013? El Parlamento Europeo decide reunió a cerca de 200 representantes de los sectores relacionados con la agricultura y el medio rural en Logroño los pasados 20 y 21 de octubre. El objetivo fue debatir sobre la propuesta de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) presentada por la Comisión Europea recientemente. La oficina en España del PE ha hecho públicas las conclusiones de este encuentro en un comunicado de prensa.

La primera de las conclusiones que aparece en el comunicado es que la reforma propuesta “despierta preocupación generalidad y rechazo rotundo y unánime de las administraciones españolas y del sector”. Asimismo se remarca en esas conclusiones que el futuro presupuesto es uno de los principales motivos de inquietud, ya que se teme que los fondos asignados a España sean menores que en la actual PAC.

Por otra parte, el sector rechaza el pago básico por hectárea, la llamada “tarifa plana”, ya que según los productores “no se está primando al profesional”. Además, en la nueva PAC no se hace mención de la situación social de asalariados y jornaleros: los sindicatos (CCOO y FITAG-UGT) afirman que a la hora de hablar de las ayudas no se toma en consideración al trabajador por cuenta ajena, que no tiene explotaciones ni rentas.

Los productores, indica el comunicado, echan de menos en la reforma medidas de mercado o de intervención y apoyos para garantizar que el agricultor o el ganadero reciban un precio justo. También señalan la necesidad de cambiar las leyes de competencia para darles más fuerza frente a la distribución.

Existe la impresion de que la reforma no ha tenido en cuenta las caracteristicas de la producción mediterránea y, además, tanto Administración como productores cuestionan la idea del “reverdecimiento” de las ayudas, porque supondrán fuertes costes añadidos. Los ecologistas, por el contrario, apoyan esta medida. Los productores ven con preocupación que en los países terceros no tienen que afrontar este tipo de legislación y están compitiendo con ventaja frente a los productos europeos.

También se ha criticado que en la propuesta de Bruselas no haya ni alusiones ni medidas para mejorar la situacion de la mujer rural, como vertebradora del territorio. La reforma también deberia tener cuenta a los problemas de los discapacitados.

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