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¿Qué hacer si llega a la consulta un perro o un gato que convive o ha tenido contacto directo con un enfermo de COVID-19?

Los veterinarios deben reclamar su derecho como profesionales imprescindibles y formados, y actuar ante estos casos que suponen un riesgo para la salud pública.


Juan Carlos Ortiz Menéndez

Presidente de la Asociación de Veterinarios Municipales (AVEM)

A consecuencia de la crisis sanitaria desencadenada por la pandemia debida al SARS-CoV-2 nos hemos visto obligados a desempolvar y/o aplicar nuestro lenguaje y nuestro conocimiento con un buen número de términos y palabras relacionado con los virus, la epidemiología, las zoonosis, etc. 

Pero todavía nos surgen muchas dudas y preguntas en relación a la COVID-19 y los animales de compañía, a pesar de todos los manifiestos realizados por las autoridades sanitarias y la representación oficial de la profesión veterinaria, en el sentido que “los animales de compañía no transmiten el virus SARS-CoV-2 a las personas” o dicho de una manera más académica: “no hay constancia científica de la transmisión activa del virus desde animales de compañía enfermos a las personas”.

Sin duda, el conocimiento y la constatación científica de la transmisión sería un hecho de gran relevancia, pero también lo sería el descubrir que alguno de estos animales de compañía, perros, gatos o hurones, se convirtieran en reservorios asintomáticos del virus, aunque no puedan transmitir directamente el virus al ser humano o lo que sería aún más grave, consiguiese mutar a una forma transmisible al humano, dando lugar a una zoonosis mantenida en el tiempo.

Protegernos de un posible contagio

Las autoridades sanitarias, la Organización Colegial Veterinaria y otras entidades relacionadas con la sanidad animal y la profesión veterinaria nos han mostrado cómo protegernos del posible contagio a la hora de atender a un animal, principalmente perro o gato, que convivía o tenía contacto directo con alguna persona que había sido diagnosticada de la COVID-19, había sido hospitalizada o incluso había fallecido.

Estas situaciones, aun cuando se observaban todas las medidas de autoprotección, generaban un elevado estrés en el personal medico veterinario y auxiliar, especialmente cuando, además, el animal presentaba síntomas compatibles con la COVID-19.

Pongamos un ejemplo: entrada de un animal en el consultorio de la clínica o del centro de recogida de animales. Procede iniciar el reconocimiento: anamnesis, temperatura, peso, exploración, pruebas analíticas, radiografías, pruebas específicas, etc., y toma de muestras para detección de SARS-CoV-2, siempre que exista sospecha por contacto estrecho o convivencia con sospechosos y/o positivos, o bien por su origen desconocido, que lo convierte en animal probable al desarrollo de cualquier patología y por lo tanto también, sospechoso a la COVID-19, aún más, si se observan síntomas gastroentéricos, que en animales de compañía, se encuentran bastante asociados a alteraciones digestivas y en el caso de los felinos, con presencia, inclusive de sintomatología respiratoria.

Si en el diagnóstico final se confirma a través de las pruebas de laboratorio la infección por SARS-CoV-2, ¿qué debemos hacer?

La legislación aplicable

La Ley de sanidad animal (Ley 8/2003, de 24 de abril) establece en su artículo 2:

Son fines de esta ley:

  • La protección de la salud humana y animal mediante la prevención, lucha, control y, en su caso, erradicación de las enfermedades de los animales susceptibles de ser transmitidas a la especie humana o que impliquen riesgos sanitarios que comprometan la salud de los consumidores.
  • La evaluación de los riesgos para la sanidad animal del territorio nacional, teniendo en cuenta los testimonios y evidencias científicas existentes, los procesos y métodos de producción pertinentes, la actividad económica subyacente, la pérdida de rentas, los métodos pertinentes de inspección, muestreo y prueba, la prevalencia de enfermedades concretas, la existencia de zonas libres de enfermedades y las condiciones ecológicas y ambientales.

Y en su artículo 5, en relación con el caso que nos ocupa:

  • que toda persona  física o jurídica, pública o privada, estará obligada a comunicar a la autoridad competente, de forma inmediata y, en todo caso, en la forma y plazos establecidos, todos los focos de que tenga conocimiento de enfermedades de carácter epizoótico, o que por su especial virulencia, extrema gravedad o rápida difusión impliquen un peligro potencial de contagio para la población animal, incluida la doméstica o silvestre, o un riesgo para la salud pública o para el medio ambiente. En los supuestos en que no se prevea un plazo específico en la normativa aplicable, éste será de 24 horas como máximo para las enfermedades de declaración obligatoria.

Y, por último, en su artículo 11 sobre deber de información.

  • Las Administraciones públicas se facilitarán entre sí la información que precisen sobre la actividad que desarrollan en el ejercicio de sus propias competencias, en particular en lo que respecta al alcance e intensidad de las epizootias y zoonosis, y de aquellas otras que tengan especial incidencia y hayan sido detectadas en su ámbito territorial, así como de las medidas sanitarias adoptadas.

El Real Decreto 526/2014, de 20 de junio, por el que se establece la lista de las enfermedades de los animales de declaración obligatoria y se regula su notificación, establece en su artículo 2, sobre definiciones, lo que considera Foco primario: “Cualquier foco de una enfermedad listada en el anexo I o de una enfermedad emergente que no guarde relación desde el punto de vista epizootiológico con un foco anterior comprobado en la misma provincia, o bien la primera aparición en otra provincia diferente”.

Este mismo Real Decreto, en su artículo 3, establece la Declaración oficial de las enfermedades de los animales. 

  1. Las autoridades competentes realizarán la declaración oficial de las enfermedades de los animales que figuran en el anexo I y de las enfermedades emergentes. 
  2. Dicha declaración se realizará de forma inmediata en caso de: a) La aparición por primera vez en España.”

En el Anexo I se indican las siguientes enfermedades:

ANEXO I Enfermedades A. Enfermedades incluidas en la lista A.1 y B, según la Decisión de Ejecución 2012/737/UE, de la Comisión, de 27 de noviembre de 2012, por la que se modifican los anexos I y II de la Directiva 82/894/CEE, y la Directiva 82/894/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1982, relativa a la notificación de las enfermedades de los animales en la Comunidad. 

  • 1. Enfermedades de los animales terrestres: 
  • Lengua azul o fiebre catarral ovina. 
  • Fiebre aftosa. 
  • Fiebre del Valle del Rift.
  • Peste bovina. 
  • Estomatitis vesicular.
  • Infección por el virus de la rabia. 
  • Carbunco. 
  • Encefalopatía espongiforme bovina. 
  • Dermatosis nodular contagiosa. 
  • Perineumonía contagiosa bovina.
  • Peste de los pequeños rumiantes.
  • Viruela ovina y caprina. 
  • Peste porcina clásica.
  • Peste porcina africana. 
  • Enfermedad vesicular porcina. 
  • Influenza aviar notificable. 
  • Enfermedad de Newcastle en aves de corral y cautivas. 
  • Peste equina africana.
  • Durina. 
  • Encefalomielitis equina de los siguientes tipos: 
    • encefalomielitis equina oriental.
    • encefalitis japonesa. 
    • encefalomielitis equina venezolana. 
    • fiebre del Nilo occidental. encefalomielitis equina occidental. 
  • Anemia infecciosa equina. 
  •  Muermo. 
  • Aethinosis (Pequeño escarabajo de la colmena Aethina tumida). 
  • Tropilaelapsosis (Tropilaelaps spp.). 

Omitimos las enfermedades de los animales acuáticos. 

Lo que dice la OIE

La Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE), en su web, con fecha de última actualización del 9/06/2020, establece lo siguiente sobre cuáles son las responsabilidades internacionales de la Autoridad Veterinaria en este evento:

La infección de animales con SARS-CoV-2 cumple los criterios de una enfermedad emergente.

Por lo tanto, cualquier [caso de] infección de animales con SARS-CoV-2 debe notificarse a la OIE de acuerdo con el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE e incluir información sobre la especie, pruebas de diagnóstico e información epidemiológica relevante.

Es importante que las Autoridades Veterinarias se mantengan informadas y mantengan un vínculo estrecho con las autoridades de salud pública y los responsables de la vida silvestre, para garantizar mensajes de comunicación de riesgos coherentes y apropiados y una gestión de riesgos bajo un enfoque de Una sola salud.

Es importante que COVID-19 no dé lugar a medidas inapropiadas dirigidas a animales domésticos o salvajes que puedan comprometer su bienestar y salud o tener un impacto negativo en la biodiversidad.

Con lo expuesto, el tema está claro:

Se DEBE comunicar a las autoridades sanitarias, de sanidad animal, el caso diagnosticado y poner a su disposición el animal ya que la OIE establece que “las mascotas mamíferas de los hogares con casos humanos confirmados de COVID-19 serán puestas en cuarentena y bajo vigilancia veterinaria durante 14 días. Se recogerán muestras para comprobar la presencia del SARS-CoV-2, según proceda”  

Gestión de alertas sanitarias

No obstante a lo indicado anteriormente, si visitamos la web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en lo referente a Gestión de Alertas Sanitarias podemos comprobar que no aparece ningún plan de contingencia, ni manual practico de operaciones sobre el COVID-SARS-2. Desde el punto de vista de la legislación en materia de sanidad animal “No se considera”. 

Por extensión ocurre lo mismo en las comunidades autónomas, quienes ostentan las competencias en sanidad animal.

Si atendemos a lo que se indica en la web del MAPA en relación con las alertas sanitarias, no existe procedimiento, ni plan de vigilancia publicado, ni el enlace correspondiente a la comunicación de “enfermedad emergente” para la COVID-19. No obstante, hay tres notificaciones desde el MAPA a la OIE sobre dos casos en gatos y el relativo a la granja de visones americanos situada en Teruel que supuso el sacrificio de 93.000 animales.

En el caso del primero de los gatos, en el mes de mayo, el informe del ministerio indica que “el hallazgo de SARS-CoV-2 en este animal es incidental y no relacionado con la sintomatología clínica que padecía. Al parecer, la detección de ARN del SARS-CoV-2 en varias muestras del animal serían un hallazgo incidental asociado a su permanencia en un ambiente contaminado por el virus (propietarios afectados de COVID-19), sin que en ningún caso se presentara ninguna lesión compatible con una infección vírica”.

El segundo gato positivo al SARS-CoV-2, en el mes de junio, también convivía con una persona diagnosticada por COVID-19 y era asintomático.

Tal y como podemos observar, no estamos hablando de miles de perros y gatos contagiados, pero probablemente todos conozcamos algún caso cercano sospechoso o confirmado, aunque no ha sido igual en todos los países. En Estados Unidos de Norteamérica, el CDC recoge en su web todos los casos diagnosticados y notificados a la OIE, y no son pocos.

En la web de la OIE podemos encontrar todos los casos comunicados por los diferentes países.

Se echa de menos un canal de comunicación

Según diferentes fuentes, en reiteradas ocasiones, hemos escuchado quejas de clínicos veterinarios, en diferentes comunidades autónomas ante la dificultad de poder comunicar casos sospechosos de animales con la esperanza de recibir alguna indicación al respecto. Incluso, se ha intentado, infructuosamente, desde organizaciones empresariales, establecer un canal de comunicación entre las autoridades de sanidad animal y las clínicas veterinarias, en relación a este tema.

Sin duda hemos tenido, y aún tenemos, situaciones muy complicadas en los centros oficiales de recogida de animales y especialmente en las clínicas veterinarias, por la llegada de perros o gatos, con o sin sintomatología, pero procedentes de domicilios en los cuales su propietario había fallecido o estaba hospitalizado por COVID-19.

En la mayoría de los casos, el hallazgo no se ha comunicado a la autoridad sanitaria, aunque lo más reseñable es que no se han establecido criterios e instrucciones específicas por parte de las autoridades sanitarias de sanidad animal sobre qué hacer en los casos de animales procedentes de domicilios con enfermos sospechosos y/o confirmados de la COVID-19, ni tan siquiera una instrucción para recoger datos del animal y de los propietarios.

Es paradójico, por no utilizar otro término, que la profesión veterinaria esté reclamando una presencia y una consideración, como sanitarios que somos, en la lucha contra la pandemia desde nuestra representación profesional y al mismo tiempo, nosotros mismos, los responsables de sanidad animal, perdemos la oportunidad de recabar datos epidemiológicos, que deben respaldar nuestras propuestas serias y profesionales en relación con el control de la COVID-19.  

Cuarentena y vigilancia veterinaria

Los animales que han tenido contacto con personas enfermas de COVID-19, con o sin sintomatología compatible con esta enfermedad y que hayan sido positivo a una analítica por PCR frente al virus, según establece la OIE deberían pasar una cuarentena y una vigilancia veterinaria con las correspondientes analíticas hasta constatar la negatividad a la enfermedad.

Bien es cierto que en las primeras etapas de la pandemia la escasez de pruebas de diagnóstico y la prioridad de realizar las pruebas en personas antes que en los animales, no permitiera realizar las pruebas en ellos, no siendo excusa en la actualidad para, atendiendo a las indicaciones de la OIE y al principio de precaución, se observen rigurosas cuarentenas de estos animales.

¿Dónde hacer la cuarentena?

La siguiente pregunta es: ¿dónde se ha de realizar esa cuarentena?

Si atendemos a la gravedad de la enfermedad y que estamos hablando de una medida de policía sanitaria, es lógico pensar que deberá realizarse en un lugar con todas las garantías para el personal, para la población y para otros animales. 

Al ser una medida que debiera adoptarse por la autoridad sanitaria competente parece lógico pensar que el o los centros de elección para realizar la cuarentena debieran ser los centros oficiales de recogida de animales, también conocidos por centros de protección animal. (anteriormente se llamaban perreras municipales y eran establecimientos sanitarios con un fin muy concreto. Recoger animales, perros y gatos, abandonados o vagabundos de la vía pública. Las órdenes del Ministerio de la Gobernación del 5 de diciembre de 1974 y del 14 de junio de 1976 obligaba a todos los ayuntamientos a realizar esa labor de recogida de animales y por tanto disponer de unas instalaciones), o bien establecer protocolos sobre su vigilancia y/o aislamientos y control riguroso en los domicilios de pacientes y/o familiares/amigos/cuidadores de los mismos.

Pero ¿tienen todos los ayuntamientos con un determinado censo de población de más de 5.000 habitantes, estas instalaciones? En España hay unos 1.300 ayuntamientos con población superior a 5.000 habitantes. Los que tienen una población inferior a ese número reciben ese servicio de las diputaciones provinciales o cabildos. La respuesta es rotundamente no. 

En estos meses de pandemia hemos podido leer en los medios de comunicación el ofrecimiento y el acogimiento de perros y gatos procedentes de situaciones como las que hemos descrito, propietarios y/o cuidadores positivos a COVID-19, por entidades de protección animal (protectoras de animales), sin control, ni protocolo alguno que garantice la seguridad y salud pública, ni la sanidad animal. 

Algunas preguntas que surgen

Al hilo de los expuesto, nos surgen algunas preguntas: 

  • ¿Tienen todas esas entidades instalaciones adecuadas para recepcionarán y mantener en condiciones de seguridad a esos animales? 
  • ¿Cuentan con la autorización de la autoridad sanitaria para realizar esta actividad?

Parece muy grave, incluso ilegal, que una entidad privada asuma una autoridad que no le corresponde, sin autorización expresa de la autoridad competente, poniendo en peligro a los animales, los trabajadores y voluntarios y a la población en general.

Así, nos encontramos con entidades registradas o no, cuya finalidad es la protección animal que realmente están asumiendo funciones propias de la Administración Pública, pudiendo, incluso, plantearnos la legalidad de este tipo de actuaciones.

  • ¿Alguna autoridad sanitaria, ha explicado y/o formado oficialmente a estas entidades en materia de salud pública y sanidad animal? 
  • ¿Alguna autoridad sanitaria de sanidad animal ha verificado las instalaciones y la existencia de protocolos, medios y personal adecuado para albergar este tipo de animales? ¿Cuántas y dónde?

Conclusiones

Concluyendo, todo lo que hemos visto y oído durante este tiempo en relación con la salud pública, sanidad animal y medio ambiente, nos hace cuestionar el papel que queremos tener los veterinarios y el que realmente tenemos, siendo imprescindible y urgente reconsiderar algunos planteamientos y estrategias profesionales.

Si realmente queremos participar en el concepto de One Health, que abarca como un único elemento la salud pública, animal y entorno que les rodea, debemos reclamar el derecho como profesionales “numerarios”, imprescindibles y formados en este ámbito y no como profesión secundaria, que espera ser reconocida y tenida en cuenta para su intervención, para lo que tenemos que empezar a cambiar nosotros mismos desde dentro, como profesión garante de la Salud y de conservación del medio ambiente a nivel mundial y proyectar ese cambio a la sociedad. 

Desde nuestra asociación queremos reivindicar nuestro papel de sanitarios y eso empieza por dar cumplimiento a la normativa sanitaria existente. Más información en la página web de la Asociación de Veterinarios Municipales.

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