Imagen del perro con síntomas de maltrato encontrado en Gran Canaria. (Imagen: Guardia Civil)El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Vecindario, en Gran Canaria, investiga a una mujer por un delito de maltrato animal por tener un perro en estado precario, con extrema delgadez y probablemente afectado de filaria. La veterinaria que lo examinó también está siendo investigada por un delito de omisión al no haber actuado ante el posible maltrato.
Al no conocer al propietario y presentar síntomas de desnutrición, el animal fue llevado a un centro veterinario para realizarle una evaluación de su estado general de salud. Una vez examinado, la veterinaria constató que el perro tenía graves signos de desnutrición y unas pésimas condiciones higiénicas sanitarias, diagnosticándole artrosis en la cadera y atrofia muscular, desnutrición acusada, filaria y dermatitis.
Gracias a las redes sociales se pudo identificar a la propietaria del perro, que acudió al centro veterinario alegando que ella era la responsable, por ser su padre el dueño y encontrarse enfermo. Aunque se comprobó que no poseía la cartilla sanitaria ni microchip ni vacuna alguna, ella explicó que la cantidad de comida proporcionada diariamente al perro era suficiente y que su mala condición se debía a su avanzada edad y no a ningún otro motivo.
Inicialmente, la protectora devolvió el perro al propietario, pero al transcurrir un tiempo sin recibir ninguna información sobre el estado de salud del can, decidió denunciar de nuevo el caso ante el Seprona. Agentes del Servicio se personaron en el domicilio de la propietaria para conocer la situación del animal y solicitaron la presencia de la veterinaria oficial del Ayuntamiento, quien observó que presentaba una delgadez extrema, varias heridas en la columna y en ambas orejas, y pérdida del equilibrio al andar, supuestamente por carecer de musculatura suficiente.
La propietaria no pudo documentar ni acreditar ningún tratamiento veterinario ni los cuidados más básicos para garantizar la salud del perro y accedió a entregarlo en sede judicial.
La Guardia Civil señala que la veterinaria oficial no tomó la decisión de incautar el animal a la propietaria a pesar del pésimo estado que presentaba, por lo que se procedió a investigarla por omisión.
En este momento, las dos personas, propietaria y veterinaria, están siendo investigadas como presuntas autoras de un delito de maltrato animal, y las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Santa María de Guía, así como de la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente de Las Palmas.
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