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La Asociación Española de Veterinarios Municipales (AVEM) colaboró con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la celebración de una jornada monográfica sobre el impacto que se está produciendo a nivel de las administraciones locales por la entrada en vigor y aplicación de la nueva Ley 7/2023 sobre la protección de los derechos y el bienestar de los animales el pasado 20 de marzo.

Luis Martínez-Sicluna, secretario General de la FEMP, resaltó el interés y la importancia del tema de la jornada, y la estrecha colaboración que mantiene con AVEM. Además, aprovechó el acto para comunicar la voluntad de consolidar la relación entre ambas organizaciones mediante la firma de un convenio de colaboración.

La jornada iba dirigida a los cargos electos de las corporaciones locales y a los funcionarios, técnicos y jurídicos de estas administraciones. A la vista del número de inscripciones: 792 y de asistentes en directo (550) se puede considerar que fue un éxito y que el tema que se trató está generando una profunda preocupación en las administraciones locales.

“Hubo tres temas que destacaron ampliamente. Las ambigüedades o aspectos no explicados suficientemente en la ley, que nos conduce a la necesidad de un reglamento lo antes posible y la carencia de medios humanos, de instalaciones y económicos para poder atender todas las responsabilidades y obligaciones que la Ley asigna a las corporaciones locales en general y a los ayuntamientos en particular”, explican desde AVEM.

Aunque algunos aspectos contemplados en la ley ya eran competencias y responsabilidades de las corporaciones locales, ahora se suman otras como la gestión y el control de las colonias felinas urbanas, que han provocado una profunda preocupación. “Es una ley de máximos que no ha tenido un periodo de preparación y adaptación suficiente de los municipios para su oportuno cumplimiento. Ello unido a los cambios legislativos que se han producido en otras leyes fundamentales como el Código Penal, especialmente por los delitos relacionados con el maltrato animal, preocupan a las administraciones locales”, añaden.

“Con la nueva ley la situación se va a complicar mucho más especialmente por el lado legal y de responsabilidad de personas, profesionales veterinarios y administraciones. Las denuncias por presunto maltrato animal van a estar a la orden del día”, inciden.

Al impacto sobre la organización del trabajo en las administraciones hay que sumarle el impacto económico que supone la aplicación de la nueva ley y el impacto social en la convivencia de los vecinos, ya que no todos están convencidos de la necesidad y conveniencia de algunos aspectos de la ley. “Los conflictos y las denuncias entre vecinos están aumentando, Finalmente hay otros impactos, quizás menos percibidos por una gran parte de la población, pero también de gran importancia y es el causado sobre la biodiversidad, especialmente por las colonias felinas urbanas y el aumento de enfermedades zoonóticas en personas transmitidas por los gatos”, terminan.