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Baleares pide al Gobierno financiación para que los ayuntamientos puedan cumplir con la Ley de Bienestar Animal

En una proposición no de ley, el parlamento balear exhorta también a desarrollar el reglamento de la ley con la participación activa de las administraciones municipales de España.


El Parlamento de Baleares ha presentado una propuesta legislativa destinada a abordar las preocupaciones y desafíos surgidos a raíz de la implementación de la Ley de Bienestar Animal, que según explica el parlamento “se trata de una ley compleja que introduce nuevas obligaciones para los particulares, así como prohibiciones y sanciones para los propietarios de animales y las administraciones públicas”.

Los nuevos deberes que impone la ley suponen “un considerable aumento en su gasto público y en sus funciones de aplicación de la ley”, señalan, y esta carga se suma a la falta de recursos proporcionados por el gobierno central, “lo que dificulta enormemente la aplicación efectiva de la ley”.

El Parlamento de Baleares recuerda que desde su entrada en vigor, en lugar de lograr la protección y el bienestar animal, la ley ha generado efectos contrarios a los previstos por el legislador. “De hecho”, añade, “ha sido fuertemente criticada por numerosas asociaciones profesionales de veterinaria, que destacan las dificultades en su aplicación tanto por parte de los funcionarios municipales como por parte de las administraciones públicas y los particulares en general”.

En este contexto, la Federación de Municipios de las Islas Baleares (FELIB) expresó su preocupación y solicitó al Gobierno la provisión de ayudas para que los ayuntamientos pudieran cumplir con las responsabilidades impuestas por la Ley de Bienestar Animal. Además, se ha señalado un aumento evidente en los casos de abandono de perros y gatos en las islas, junto con una disminución sin precedentes en sus adopciones.

“Esta situación se agrava por la falta de claridad y desarrollo por parte del Gobierno en relación con la nueva legislación, lo que ha generado una importante falta de conocimiento y gran incertidumbre sobre las responsabilidades que esta normativa impone a los ayuntamientos y a la ciudadanía”, afirma el parlamento balear, para quien “la inseguridad jurídica promovida por la Ley 7/2023 se evidencia en la exposición de motivos de la proposición no de ley presentada en octubre de 2023, que destaca la colisión normativa con otras leyes y solicita la modificación de ciertos puntos de la Ley de Bienestar Animal”.

Ante esta situación, el Parlamento de las Islas Baleares ha presentado una propuesta no de ley, desglosada en dos puntos:

  1. Instar al Gobierno de España a consignar en el ámbito estatal las partidas presupuestarias necesarias en los presupuestos generales del Estado para que las administraciones municipales puedan cumplir con las obligaciones impuestas por la entrada en vigor de la Ley 7/2023.
  2. Exhortar al Gobierno de España a desarrollar el reglamento de la mencionada ley con la participación activa de los ayuntamientos de España, canalizándolo a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

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