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Andrés Santiago*

Codirector del Observatorio Español de Pericia y Seguridad Veterinaria (Oepseve)

Con el paso de los años, la relación que existía entre el veterinario y el propietario del animal de compañía está cambiando. El propietario actual  tiene un interés mucho más amplio en conocer la situación de su mascota y está mucho más informado, por lo que su exigencia hacia el facultativo es mayor.

Al propietario le asiste el derecho de estar informado sobre la patología que sufre su animal, la naturaleza del tratamiento, alternativas que existen, riesgos y posibles complicaciones para poder tomar una decisión con total autonomía.

El consentimiento informado no es simplemente un documento que deba firmar el propietario para que podamos atender a su animal, es un proceso de información por el cual el veterinario se debe asegurar de que el propietario comprende y asimila el procedimiento que se va a realizar, las alternativas y los riesgos.

Un deber deontológico del facultativo

Es un deber deontológico del facultativo asegurarse de que el propietario comprende todos los puntos que se han cumplimentado en el consentimiento informado escrito, habiéndole trasladado todos los puntos comentados acorde al nivel cultural del cliente.

De este modo, el consentimiento informado “es un documento obligatorio, siendo el formulario escrito conveniente para deslindar responsabilidad de sucesos previsibles, debiendo aplicarse cualquiera que sea la magnitud de la cirugía, procedimiento diagnóstico y terapéutico invasivo o procedimiento de previsible repercusión negativa sobre el animal". 

No es un escudo frente a posibles denuncias

En ningún caso debemos entender este documento como un factor que incremente la desconfianza del propietario en nuestra imagen como veterinarios al pretender explicitar los riesgos, ni debe ser entendido como un escudo frente a posibles denuncias que conduzca a una veterinaria defensiva, cada día más habitual en algunos países.

Lo que se pretende es generar unas expectativas adecuadas, buscando la transparencia para forjar más una confianza fundada que una fe ciega.

Es una exigencia legal, pero también es un compromiso con la excelencia de la profesión, el prestigio de sus miembros y el bienestar animal.

En el supuesto de una cirugía o terapia invasiva con un resultado dañoso, es decir, en la cual se ha causado un daño al animal intervenido, si no existe documento de consentimiento informado escrito, al facultativo se le podrá exigir la Responsabilidad Profesional Civil, Deontológica o incluso Penal, pues se entiende que si no existe documento probatorio de haber informado por completo al cliente, éste puede haber aceptado la intervención sin que se haya respetado su autonomía y plena libertad de decisión.

Es decir, se puede entender que el cliente y propietario del animal, de haber conocido todos los riesgos, alternativas y posibles complicaciones, quizás no hubiera aceptado en ese momento la intervención.

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*Andrés Santiago (MV Esp. en Veterinaria Legal) es codirector junto a Alfredo Fernández Álvarez de Oepseve, el Observatorio Español de Pericia y Seguridad Veterinaria, una entidad que tiene como finalidad la vigilancia de los sucesos adversos ocurridos durante la práctica veterinaria, además de ser un referente en pericia veterinaria.