Un momento de la reunión entre organizaciones afectadas por la nueva ley de protección animal. (Imagen: Fundación Artemisan)El anteproyecto de la Ley de Protección y Derechos de Los Animales y el borrador del Real Decreto de Ordenación de Núcleos Zoológicos han conseguido reunir a un gran número de organizaciones de diferentes sectores en toda España en un encuentro donde han compartido experiencias y han puesto en común la preocupación ante proyectos normativos que amenazan la forma de vida de millones de personas y que ponen en riesgo incluso el bienestar de los animales que pretenden proteger.
En el debate, organizado por la Fundación Artemisan, han participado representantes del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, la Real Sociedad Canina de España (RSCE), Circos Reunidos, la Asociación ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA) y la Asociación Española de la Industria y el Comercio del Sector del Animal de Compañía (AEDPAC).
Igualmente, han intervenido responsables de la Asociación Española de Rehalas (AER), la Real Federación Española de Caza (RFEC), la Fundación Artemisan, la Asociación Nacional de Doma Vaquera, la Asociación del Sector de Animal de Compañía (ASAC), Federación Fauna, la Asociación de Rehalas Regionales Españolas Caza y Libertad (ARRECAL) y la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía (AMVAC).
Los asistentes, pertenecientes muchos de ellos a entidades vinculadas con el mundo rural, han debatido sobre los peligros que representan estos proyectos normativos para cada uno de sus colectivos y han puesto encima de la mesa diferentes propuestas de colaboración técnica y jurídicas.
Con este encuentro se pretende consolidar una red de cooperación entre entidades de todo el país para aunar esfuerzos y hacer un frente común dotado de argumentos rigurosos, científicos, jurídicos y técnicos, que permita trasladar estas preocupaciones y la gravedad de sus consecuencias tanto a las cortes como a la sociedad en general.
Si bien los asistentes se han mostrado de acuerdo en que es necesario y positivo actualizar la normativa de bienestar para adaptarla al siglo XXI, no lo están con que se haga a través de unos textos llenos de contradicciones, sin base técnica o científica y sin medir todas las consecuencias para los animales, en lugar de garantizar su verdadero bienestar.
De hecho, han recordado que ya hay normativas de carácter autonómico modernas, que recogen las diferentes sensibilidades sin poner en peligro la actividad de numerosos sectores. Actividades, además, que suponen en muchos casos una fuente prioritaria de creación de empleo, desarrollo y riqueza, en la España vaciada.
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