Tras la polémica que se produjo en diciembre por la aprobación de que pasase a trámite parlamentario en Cataluña una iniciativa popular que pide la abolición de la lidia en esa comunidad autónoma, siguen produciéndose declaraciones cruzadas entre los partidarios y detractores de la llamada “fiesta nacional” española.
Numerosos medios de información se hacían eco el pasado fin de semana de una noticia elaborada por la Agencia EFE que afirmaba que, según datos de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Castilla y León, hay 150.000 empleos en España que dependen directamente de la supervivencia del toro bravo y de la lidia, sector económico que mueve 2.500 millones de euros al año en este país. Castilla y León y Andalucía son las dos comunidades autónomas en las que mayor importancia tiene el toro de lidia y, por tanto, donde más empleos y flujo económico genera.
Los defensores de la lidia argumentan su defensa de la misma, además de por motivos puramente sentimentales, “raciales” y económicos, por la labor que las ganaderías de toro bravo tienen en la conservación de un ecosistema fundamental en la península Ibérica: la dehesa. Los datos que aparecen en la noticia de Agencia EFE indican que la mayoría de las reses bravas salmantinas, por ejemplo, pastan en las más de 360.000 hectáreas de dehesa de la provincia.
Otra razón que aportan para defender esta actividad económica es que sirve para fijar la población rural, ya que las fincas necesitan mucha mano de obra que vive en los pueblos cercanos, y que esto está en la línea de lo defendido por la Unión Europea.