Juan Antonio Vicente Báez, presidente del Colegio de Veterinarios de Cáceres.El pasado 13 de enero salía a la luz la noticia de que los Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres habían detenido a un hombre de 39 años, vecino de Badajoz, y se continúa investigando a otras tres, por su supuesta implicación en unos hechos relacionados con el ejercicio irregular de la profesión veterinaria.
Ante esta información, el Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres se ha personado como Acusación Particular en las Diligencias Previas de la causa, abiertas en el Juzgado de Instrucción número 1 de Almendralejo.
“La lucha contra el intrusismo", ha manifestado Juan Antonio Vicente, presidente del Colegio de Veterinarios de Cáceres, "es una de las funciones que los colegios profesionales tienen encomendadas por Ley, y para la Junta de Gobierno del Colegio de Veterinarios de Cáceres supone unas de sus actuaciones prioritarias. Es por ello por lo que, nada más tener conocimiento de la existencia del procedimiento penal, he hablado con los asesores jurídicos del colegio para que actúen rápidamente en consecuencia”.
El hombre detenido por el Seprona se hacía pasar por veterinario y está siendo investigado junto a otras tres personas por delitos de usurpación de funciones públicas, intrusismo profesional y falsedad documental. Según informó la Guardia Civil, el detenido contó para la comisión de los hechos con la colaboración y cooperación necesaria de veterinarios titulados que, directa o indirectamente le facilitaban el acceso a medicamentos y tratamientos que posteriormente se encargaría de aplicar en los animales.
Entre las prácticas que realizaba el detenido de forma habitual sin contar con la capacitación y titulación habilitante estaba la supuesta administración o aplicación de tratamientos como vacunación antirrábica, desparasitación, etc., y otro tipo de operaciones en animales de compañía que podían tener consecuencias perjudiciales para el bienestar de los animales, además de la expedición de documentos y certificaciones oficiales. Igualmente, se daba una supuesta atribución o suplantación de la condición de facultativo-veterinario, haciendo uso indebido e indistinto de dos números de colegiado, asignados a personal profesional debidamente titulado, y la adquisición de medicamentos de uso exclusivo veterinario suplantando la identidad de profesionales titulados.
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