El Consejo General del Poder Judicial advierte en él que algunas de las penas previstas por el anteproyecto no se ajustaban al principio de proporcionalidad y eran superiores a las de violencia sobre la mujer.
El Consejo General del Poder Judicial señala también la indefinición del texto al hablar de la “necesidad objetiva de tratamiento veterinario” para conocer la gravedad de un delito de maltrato.
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