Tal y como publica Europa Press, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) y el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya impulsarán un protocolo de actuación ante el asalto a granjas privadas y para velar por la bioseguridad del sector ganadero y agrícola.
Según han informado a EFE fuentes del gobierno catalán, el DARP e Interior ultiman un protocolo, que prevén tener a punto en septiembre, para abordar de forma coordinada la problemática de las ocupaciones de grupos de animalistas en granjas para protestar por las condiciones de los animales, tras acumularse en los últimos meses media docena de casos entre granjas y mataderos.
Los Agentes Rurales ultiman un protocolo con los Mossos d’Esquadra para poder levantar actas por infracción administrativa a la Ley de Bienestar Animal en los casos de ocupaciones de granjas por parte de animalistas, mediante las cuales se podrían imponer sanciones de entre 6.000 y 100.000 euros, ya que suponen un incumplimiento de las condiciones de bioseguridad establecidas en la normativa.
En concreto, según las fuentes, el protocolo prevé que haya una actuación coordinada entre ambos cuerpos; así, los Agentes Rurales podrían acudir en caso de denuncia por ocupación para levantar acta administrativa por infracción de la Ley de Bienestar Animal, de forma paralela a la vía penal abierta por los Mossos d’Esquadra.
Para evitar la ocupación de este tipo de granjas, el DARP ha editado un díptico* en que recomienda:
Una vez que se haya producido la entrada de personas ajenas la finca y que los Agentes Rurales hayan levantado acta por vía administrativa, la Generalitat recomienda interponer una denuncia ante los Mossos d’Esquadra en la que debe constar si se han cargado en las redes sociales imágenes de la protesta y si se ha robado algún animal.
Esta noticia ya ha tenido las primeras reacciones desde el sector entre las que destaca la publicada por La Vanguardia con relación al comunicado de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) del pasado 30 de julio.
En el comunicado ASAJA expresa su satisfacción por el anuncio de la Generalitat de que prepara un protocolo para sancionar los casos de ocupaciones de granjas por parte de animalistas y su agradecimiento por estas medidas a causa de los "graves perjuicios” que las ocupaciones representan para el sector ganadero, que se ve obligado a cumplir medidas para garantizar la bioseguridad y evitar contagios de enfermedades como la peste porcina africana (PPA).
La presidenta de ASAJA, Rosa Pruna, declaró que "ya era hora de adoptar estas medidas y sanciones y llevar ante los tribunales estas actuaciones”.