El Govern de Catalunya ha aprobado la memoria preliminar previa a la modificación de la Llei 18/2001, de orientación agraria. Esta modificación permitirá añadir un nuevo capítulo para tipificar las infracciones e introducir un régimen sancionador específico en materia de sanidad y bienestar animal derivado de la entrada de personas ajenas no autorizadas en granjas y en otras instalaciones con riesgo higienicosanitario.
Se propone definir las infracciones relacionadas con dichas entradas para que queden tipificadas tanto las conductas que supongan un perjuicio para la salud y el bienestar de los animales como las que supongan un riesgo para estos bienes protegidos.
Así, se propone establecer sanciones concordantes y proporcionales con los perjuicios causados y los criterios de graduación en función de determinados supuestos específicos inherentes solo a estas conductas (como, por ejemplo, difundir las acciones a través de medios audiovisuales o promover la participación en este tipo de actividades).
Estos años han proliferado en toda Europa una serie de acciones por parte de algunas entidades animalistas en contra del modelo de cría de animales de producción en granjas. Se trata de un movimiento que nació en Australia y que, con acciones supuestamente pacíficas, entran a las granjas o a los mataderos para denunciar las condiciones en las cuales se crían los animales.
Catalunya también ha sufrido estas acciones ya que durante este 2019 se han producido una serie de entradas masivas en granjas y en mataderos por parte de estos grupos para denunciar las condiciones de cría de los animales de producción:
Estos grupos, cada vez más numerosos, irrumpen en las instalaciones de forma abrupta y organizada sin cumplir las medidas legales de bioseguridad necesarias para evitar la introducción de enfermedades y, además, provocan situaciones de estrés agudo para los animales.
Este nuevo marco normativo pretende dotar a la administración de herramientas para luchar contra este tipo de conductas, ya que en muchos casos no se pueden sancionar de forma proporcionada porque la normativa actual no contempla infracciones tipificadas que describan exactamente estos actos ni el riesgo que suponen para la sanidad y bienestar animal.
En este sentido, el pasado mes de septiembre la Generalitat puso en marcha un protocolo de actuación conjunto entre la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, la Direcció General d’Agents Rurals y el Cos de Mossos d’Esquadra; además, se elaboró un tríptico informativo de recomendaciones sobre cómo prevenir estas actuaciones y cómo actuar ante una entrada ilegal para los titulares de las granjas.
La modificación de esta ley también prevé introducir cambios en el régimen de sanciones vigente en materia de gestión de las deyecciones ganaderas y otros fertilizantes e incluir los nuevos requisitos del Decret 153/2019, que se aprobó el pasado mes de julio.