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Los veterinarios piden más concreción en el decreto de videovigilancia en los mataderos

El Consejo Valenciano de Colegios Veterinarios reclama especificar más detalles acerca del procedimiento de trabajo para los operadores que seleccionen y vean las grabaciones.


El Consell Valencià de Col·legis Veterinaris (CVCV) ha querido aportar sus sugerencias para la elaboración del Real Decreto de videovigilancia en mataderos, que en este momento se encuentra en fase de audiencia e información pública de su borrador.

El Real Decreto para fijar los requisitos para la instalación y funcionamiento de un sistema de videovigilancia del bienestar de los animales en los mataderos surgió por iniciativa de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y el Ministerio de Consumo. Su objetivo es facilitar la realización de controles relativos de la ya existente normativa sobre protección los animales y conjugarlo adecuadamente con un pleno respeto a la intimidad de los trabajadores.

El documento que el consejo ha enviado ahora al Ministerio de Consumo en líneas generales comparte los objetivos perseguidos en el nuevo decreto, similares a los planteados por el gobierno británico, que ya ha implementado una regulación análoga, pero reclama más concreción y claridad en algunos de sus artículos.

Así, se reclama especificar más detalles acerca del procedimiento de trabajo, en el que el operador tendrá descrito para cada zona del matadero el sistema de selección y frecuencia del visionado de las grabaciones.

Vaguedad en la redacción

Frente a la vaguedad de lo redactado, el CVCV reclama que se concrete “quién, cómo y la periodicidad del visionado de las grabaciones y en función de qué se realiza esta selección de grabaciones (mayor volumen de matanza; seguimiento posavería; mayor número de partidas diferentes de animales, etc.).

Del mismo modo, se reclama que se detalle durante cuánto tiempo se deberán conservar las grabaciones en las que se aprecie un incumplimiento de las normas de bienestar. El borrador habla de hacerlo “un año o durante más tiempo si se considera necesario por el servicio veterinario oficial”.

En este mismo asunto, el de la conservación de las grabaciones de posibles infracciones en materia de bienestar, el CVCV reclama una redacción más clara en cuanto a las obligaciones que debieran tener las posibles empresas externas a quienes se les haya contratado la propia videovigilancia, que deberían ser las mismas que esta ley asigna a los titulares del matadero.

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