La situación por la peste porcina africana (PPA) en el norte de Italia comienza a ser preocupante, y la Fiscalía ha estado investigando dónde podría hallarse el “brote cero” responsable de la propagación inicial del virus en las regiones de Lombardía y Piamonte. En este sentido, el periódico Il Giorno ha desvelado que un brote declarado en Vernate, en Milán, fue en realidad el cuarto en aparecer, pero fue reportado con retraso. Las autoridades sospechan que tanto el veterinario de la explotación como el criador podrían haber influido en esta demora al no informar de forma oportuna sobre la presencia del virus en su granja.
Este proceder ha llevado a la Fiscalía de Pavía a abrir una investigación contra el veterinario y el criador, que ahora figuran como sospechosos en el registro judicial, con posibles acusaciones por violación de las normas de bioseguridad. Las autoridades no descartan que otras personas puedan estar involucradas en estos actos de negligencia, lo que ampliaría la lista de imputados.
La PPA ha obligado al sacrificio de más de 70.000 cerdos en Lombardía y Piamonte como parte de los esfuerzos para contener la epidemia. Según el Comisario extraordinario para la PPA, Giovanni Filippini, hay un total de 24 focos activos en Italia: 18 en Lombardía, 5 en Piamonte y uno en Emilia-Romaña. En la provincia de Pavía, la situación es particularmente crítica, con más de 50.000 cerdos sacrificados en las últimas semanas, mientras que en la zona de Novara, los sacrificios han llegado al menos a los 15.000.
Estas acciones siguen la legislación italiana, que exige el sacrificio inmediato de todos los animales de una explotación cuando se detecta un caso de PPA. Esto ha generado un impacto devastador en la producción porcina, particularmente en las zonas de Lombardía, donde se concentra casi el 50 % de la producción nacional.
En paralelo, los carabineros están investigando en Cremona un caso relacionado con la mala gestión de cadáveres de cerdos en una granja de Castelgerundo, en la provincia de Lodi. La denuncia surgió cuando un cazador que paseaba con sus perros encontró un cadáver de cerdo emergiendo de un montón de estiércol. Tras la denuncia, las autoridades descubrieron decenas de cuerpos enterrados en un campo destinado al almacenamiento de estiércol.
Aunque los análisis iniciales no detectaron la presencia del virus de PPA en los cadáveres, el propietario de la granja ha sido denunciado por el incumplimiento de las normativas sanitarias, ya que está prohibido gestionar los cadáveres de manera independiente sin la autorización de las autoridades competentes. Este tipo de acciones pueden ser un factor de propagación de enfermedades infecciosas, lo cual está penado por la ley italiana con prisión de uno a cinco años o con multas que oscilan entre los 103 y los 2.065 euros, dependiendo de la gravedad de la negligencia.
A pesar de los sacrificios masivos y las medidas adoptadas por las autoridades italianas, la respuesta del país ha sido calificada de insuficiente por la Comisión Europea. Un reciente informe del Equipo de Emergencia Veterinaria de la UE, elaborado tras una misión en las zonas afectadas de Lombardía y Emilia-Romaña, ha señalado que las acciones para controlar la propagación del virus no son efectivas. El informe menciona una débil coordinación entre las regiones afectadas, la falta de recursos suficientes para la vigilancia y los problemas técnicos asociados con la construcción de cercas para limitar el movimiento de los jabalíes, una de las principales vías de transmisión del virus.
Los expertos de la UE consideran que la epidemia avanza más rápido que las medidas de contención y advierten sobre el riesgo de que el virus se extienda hacia el este, a lo largo de la autopista A15, y hacia el sur, acercándose a la región de Toscana. Entre las recomendaciones del equipo veterinario se encuentra la necesidad de un plan de caza coordinado a nivel central para controlar la población de jabalíes, y una mayor inversión en la construcción de cercas.
Además, el informe subraya que se requiere un "plan B” urgente, más amplio y coordinado, para el control y la erradicación del virus, y que las autoridades italianas deben actuar con mayor celeridad y efectividad en la aplicación de las normativas sanitarias europeas.
De acuerdo con la legislación italiana, tanto los criadores como los veterinarios están obligados a reportar cualquier aumento anormal en la mortalidad de los cerdos o la aparición de animales enfermos. El Ministerio de Salud ha subrayado la importancia de notificar cualquier signo de enfermedad, aunque los síntomas no sean claros, para que los servicios veterinarios locales puedan realizar las investigaciones necesarias.
La falta de comunicación o el retraso en la notificación de brotes, como parece haber ocurrido en algunos de los casos investigados, no solo contribuye a la propagación del virus, sino que puede tener graves consecuencias legales para los responsables.