El Sindicato de Veterinarios de Castilla y León (Sivecal-Uscal) se ha hecho eco de un informe presentado por los jefes de sección de Sanidad y Producción Animal de las nueve provincias de Castilla y León respecto a la resolución publicada el 15 de mayo en el Boletín Oficial de Castilla y León, por la que se desarrollan determinados aspectos de los programas nacionales de enfermedades de los rumiantes en la comunidad. En palabras de los nueve jefes de sección, a su vez directores provinciales de las campañas de saneamiento ganadero, esa resolución “por una parte, desarrolla un amplio abanico de aspectos que son contrarios a los programas nacionales de control, vigilancia y erradicación de enfermedades de los rumiantes, que el propio título de la resolución menciona y que describe en su preámbulo y, por otra parte, ignora otros aspectos contemplados en dichos programas”.
La postura reflejada en ese informe coincide con la opinión de Sivecal-Uscal, para quien la laxitud y flexibilidad que se pretende imponer en el saneamiento ganadero en algunas provincias de la comunidad "están haciendo retroceder los buenos resultados obtenidos hasta esa fecha y poniendo en peligro la mejora de la salud de las personas y de los animales en las provincias donde el censo y los movimientos comerciales son más importantes".
El sindicato veterinario recuerda que la toma de decisiones sin el debido asesoramiento jurídico y técnico-veterinario, guiado por políticas populistas contrarias al ordenamiento sanitario, están poniendo “en grave riesgo y en entredicho” los niveles de sanidad animal encomiables que se habían obtenido hasta esa fecha en Castilla y León, no sin grandes esfuerzos económicos y personales por parte de los ganaderos que ahora están viendo peligrar el resultado de sus transacciones.
Sivecal-Uscal comparte "el riguroso análisis llevado a cabo en el informe emitido colegiadamente por los nueve jefes de sección de Sanidad y Producción Animal de Castilla y León", y ha enviado un escrito a la directora general de Producción Agrícola y Ganadera urgiéndola a modificar la resolución en todos los aspectos contrarios a la normativa nacional y comunitaria que regula los Programas de Control, Vigilancia y Erradicación de Enfermedades de los Rumiantes.
"De lo contrario", advierten, "nos veremos obligados a denunciar ante la Inspección General de Servicios, el Ministerio de Sanidad y de Agricultura y la Comisión Europea, estas irregularidades y erráticas prácticas sin precedentes en materia de salud pública, de la que forman parte indivisible la sanidad animal, la seguridad alimentaria y la salud medioambiental".