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La tensión que está generando la aplicación de la normativa sobre saneamiento ganadero en Castilla y León y la inmovilización del ganado bovino de la comunidad se ha traducido en episodios violentos cuando un grupo de ganaderos han querido entrar en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca.

Los ganaderos habían sido convocados para pedir el cese inmediato del jefe de Sanidad Animal de Salamanca, de la jefa de Sanidad Animal de Castilla y León y del director general de Sanidad del Ministerio. Durante la movilización, algunos manifestantes quisieron entrar por la fuerza en la Delegación Territorial, algo que la policía antidisturbios quiso evitar, produciéndose enfrentamientos que terminaron con un detenido y con otra persona herida.

Los sindicatos castellanoleoneses han mostrado su apoyo a los funcionarios cuyo cese se pide, ya que consideran que “no han hecho más que cumplir con un trabajo que vienen desempeñando de forma encomiable, con sujeción a la vigente normativa europea y nacional, para evitar la introducción en la cadena alimentaria de carne procedente de animales sin las garantías sanitarias que la ley exige, velando por el interés general y evitando problemas de salud pública”.

Por su parte, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural anunció que mantendrá a lo largo del martes una reunión con los representantes de los colectivos ganaderos para seguir avanzando en la búsqueda de soluciones para la grave situación en la que se encuentran, fruto de la política de saneamiento ganadero nacional y europea. Asimismo, la consejería lamenta y rechaza los sucesos ocurridos en la Delegación Territorial de la Junta en Salamanca. 

"El sector ganadero encontrará su mejor defensa en los titulares de la consejería, que protegerán los intereses del sector donde sea necesario, desde el pleno respeto a la legalidad y a las instituciones", señalaron en un comunicado.

Suspensión cautelar

La Orden del 10 de mayo de 2023, de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera de la Junta de Castilla y León, en la que se flexibilizaban los controles ganaderos, ha sido suspendida cautelarmente, atendiendo la solicitud del Ministerio de Agricultura ante el potencial riesgo de contagio de tuberculosis bovina al fijar un marco normativo más laxo que contravenía la legislación europea ,y frente al inevitable riesgo de dispersión de la enfermedad a nuevas zonas, explotaciones y animales. Al no oponerse la Junta a esta medida cautelar, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha acordado la suspensión de la Orden de la Junta, que contará con un plazo de cinco días para interponer recurso de reposición.