La Alianza UPA-COAG se ha hecho eco de la reclamación de muchos ganaderos de Castilla y León, que comprueban “absolutamente desesperados” cómo la empresa encargada de la vacunación contra la lengua azul no está disponible y por lo tanto "no atiende el teléfono donde se les demanda la vacuna en sí y el desplazamiento de un equipo para suministrarla a los animales". Por ello, la organización ha pedido al Gobierno regional que atienda las reclamaciones de los ganaderos.
“Nuestra organización denuncia la situación caótica generada por parte de los equipos veterinarios dependientes de la Junta de Castilla y León, que no responden a las demandas continuas de los afectados”, afirman desde la Alianza UPA-COAG, que señala que la responsabilidad final corresponde al Gobierno regional por no exigirles eficiencia, diligencia y medios de refuerzo de personal suficiente para desempeñar los trabajos de vacunación contra esta enfermedad.
La Alianza UPA-COAG teme que ante la desesperación de los ganaderos estos decidan “buscarse la vida por su cuenta asumiendo los gastos de la vacunación”, lo que haría que el sector fuera “víctima del interés que pudiera tener la propia Consejería de Agricultura y Ganadería en ir privatizando poco a poco unos servicios que debería asumir directamente el Gobierno autonómico”.
La organización recuerda que no es la primera vez que denuncia que las unidades veterinarias se ven sobrepasadas para atender a la demanda de los ganaderos en materia de saneamiento ganadero, y que en determinadas fechas la situación se ve agravada, como es actualmente por la incidencia de los períodos claves donde tradicionalmente tiene incidencia el mosquito del género Culicoides, responsable de la transmisión de la lengua azul en algunas zonas de esta región.
La Alianza UPA-COAG recuerda que esta enfermedad de rumiantes no afecta al ser humano, y su vacunación es obligatoria en zonas donde está detectado el mosquito a todos los animales de más de tres meses. La organización indica también que una vez confirmada la presencia de la enfermedad por parte del muestreo que se realiza periódicamente se procede a la inmovilización de la explotación, tal y como dicta el protocolo sanitario. Una vez confirmado el foco, las medidas legales consisten en la vacunación obligatoria de las unidades veterinarias afectadas y en el establecimiento de una zona de inmovilización alrededor del origen del foco.
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