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La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) advierte que la ganadería en España está haciendo frente a una situación muy compleja provocada por las exigencias normativas que dificultan el día a día las cerca de 170.000 explotaciones que hay en España.

Por ello, la organización ha remitido una carta al Ministerio de Agricultura para explicar el “colapso burocrático” que a su juicio sufren las ganaderías. Un colapso que podría agravarse con la implementación de la nueva figura del veterinario de explotación.

“No podemos más”, aseguran los ganaderos de UPA en su misiva al Ministerio. El volumen de burocracia en el uso y tratamiento de los animales enfermos con antibióticos o antiinflamatorios es “absolutamente brutal”. Las granjas en España tienen que contar de forma permanente y diaria con veterinarios de clínica, de reproducción, de calidad y de la ADS. Veterinarios que, según denuncia la organización agraria, “se dedican más al papeleo que a atender a los animales”.

Reflexión sobre la figura del veterinario de explotación

UPA ha pedido a Agricultura una reflexión sobre los beneficios que aportaría la nueva figura del veterinario de explotación. “Creemos que se debe aplicar el sentido común ante medidas que duplicarían el papeleo sin aportar beneficios reales”. La organización asegura que el coste de disponer de un veterinario o veterinaria de explotación en exclusividad sería “inasumible”, especialmente para las granjas familiares.

La ganadería en España vive una fuerte crisis que ha provocado que se haya pasado de las 791.000 explotaciones que había en 1999 a 170.000, según el último censo agrario de 2020. Esas cifras tienen detrás una fuerte reestructuración del sector, pero también una grave falta de relevo generacional por las enormes dificultades que afronta esta actividad.

“España no puede permitirse perder a más ganaderos y ganaderas”, aseguran desde UPA, por lo que reclaman un plan de apoyo a la ganadería que racionalice las normativas, dé tiempo a los profesionales para adaptarse y proteja a esta profesión "absolutamente imprescindible" para la soberanía alimentaria de España y Europa.