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A pesar de que la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) suscribió la semana pasada la propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 43 medidas para solucionar los problemas del sector agroganadero español, otras organizaciones agrarias no se han mostrado tan dispuestas a apoyarlo. Es el caso de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), que han confirmado que no firmarán el documento propuesto por el MAPA.

COAG admitió que en líneas generales “se reconocen avances”, de forma especial en todo aquello que se refiere a la flexibilidad y eliminación de las cargas burocráticas de la PAC, pero hay varios apartados que requieren una mayor concreción. En el caso concreto de la ganadería, apuntan que se obvia completamente la posibilidad que el lobo pueda salir del LESPRE (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial), y en otras cuestiones, aunque hay avances, se mantienen exigencias “por encima incluso de lo que plantea la UE” en temas como el veterinario de explotación y el plan sanitario integral de explotación. “En COAG no aceptamos que se impongan medidas a nuestros ganaderos por encima de lo que exige la UE (con el consiguiente aumento de coste y burocracia), cuyo análisis queda supeditado a un Foro de la Ganadería Extensiva, que en esta organización se había reclamado que se hiciera extensible a la ganadería en general”, razonan desde la organización.

Por su parte, la Junta Directiva Nacional de Asaja considera también positivas una parte de las propuestas del ministerio, aunque encuentra carencias muy significativas en materias concretas y ausencia de medidas en sectores productivos que necesitarían “una respuesta más decidida”. La ganadería es, en opinión de Asaja, “la gran olvidada del documento de propuestas del Ministerio de Agricultura”, y que requiere un plan específico para afrontar la crisis que soporta que incluya un Plan Integral de Sanidad Animal, así como modificar el número de inspecciones ganaderas, acabar con la burocracia y los trámites administrativos, la disminución de la carga ganadera (PAC), la paralización de la normativa europea de bienestar animal y la salida del lobo del LESPRE.

Buenas intenciones y nada más

También ha sido muy crítica la Asociación de Ganaderos 19 de abril de Salamanca, para quien el documento del ministerio “deja una mala sensación en el sector ganadero que vuelve a ser una vez más, el gran olvidado”. Esta asociación considera que para la ganadería resultan totalmente insuficientes las 43 medidas propuestas “porque son una declaración de buenas intenciones y nada más”.

Por ejemplo, señalan, el foro de ganadería extensiva anunciado buscará analizar los problemas y desafíos que afectan al sector, tanto desde el punto de vista sanitario como económico, “con el objetivo dicen, de que las conclusiones puedan reorientar la legislación aplicable y las medidas, como si desde el sector del extensivo no lleváramos tiempo y tiempo trasladando al Ministerio nuestras preocupaciones y necesidades”. Entre estas enumeran la adaptación del Programa Nacional de Erradicación de Tuberculosis Bovina (PNETB) a las peculiaridades de las zonas extensivas o los gravísimos efectos sobre la cabaña ganadera de vacuno que tiene la EHE (muertes, fertilidad, etc).

“Habrá que esperar también a las conclusiones de ese foro para ver cómo y en que consiste su idea de financiación de los gastos veterinarios derivados de la lucha contra enfermedades emergentes, como si hiciera falta el foro para saber que el sector lleva desde agosto del año pasado pidiendo un plan de control y lucha contra la EHE, investigación y desarrollo de una vacuna o medidas económicas de apoyo”, añaden.

Critican también el anuncio de la financiación de los gastos de las campañas del Plan de actuación de Tuberculosis,” actuaciones que son obligatorias y, por tanto, tendrán que ser financiadas por las administraciones o ¿debería ser el ganadero el que encima las costeara?”, se preguntan.

La Asociación 19 de abril apunta que “entre tanta declaración de buenas intenciones tan solo la prórroga para la obligatoriedad de disponer de un plan sanitario integral o para la identificación electrónica de los bovinos y las medidas fiscales y de financiación ayudan al sector del vacuno”, y afirman que “si las organizaciones agrarias creen que con estas medidas y buenas intenciones la ganadería puede darse por satisfecha, se equivocan. Faltan muchísimas medidas para un sector estratégico y fundamental como es la ganadería”.