El Sindicato Veterinario Profesional de Asturias (Sivepa) denuncia que la Administración del Principado asturiano ha hecho oídos sordos a sus denuncias reiteradas de graves incumplimientos de prevención de riesgos laborales que padecen los veterinarios inspectores de ganadería a través de registro oficial, así como a entrevistas con el consejero de Medio Rural y manifestaciones en medios de comunicación. Por ello, los delegados de prevención de este sindicato han denunciado este lunes esta grave situación ante Inspección de Trabajo.
Los Facultativos Inspectores de Ganadería, explican desde Sivepa, “están sometidos a unas condiciones de trabajo penosas y peligrosas que incluyen riesgos de todo tipo que van desde el riesgo psicosocial asociado a la labor inspectora, hasta riesgos biológicos como la fiebre Q, la enfermedad de Lyme, el ántrax o carbunco, la tuberculosis, la brucelosis y otras muchas zoonosis”. Además, añaden también otros riesgos físicos asociados al trato con animales grandes y peligrosos y la conducción por vías rurales difíciles, “todo ello además aderezado por la exposición constante a las inclemencias del tiempo y los terrenos difíciles”.
En esta situación, añade Sivepa, cabría esperar que la evaluación de riesgos laborales de estos puestos fuera exhaustiva, se revisara frecuentemente y se cumplieran las indicaciones de seguridad de la manera más estricta. “Sin embargo”, denuncian, “la situación es esperpéntica y de alto riesgo para los trabajadores y la salud pública”.
El Sindicato Profesional Veterinario subraya que pese a que “la normativa es clara y desde junio del año 2000 todos los puestos de trabajo sin excepción en Asturias deben tener una evaluación de riesgos laborales actualizada”, de los 26 centros de trabajo (Oficinas Comarcales de Agricultura y Centros de Información Agraria) repartidos por todo el territorio asturiano, solo 4 de ellos han tenido una evaluación inicial de riesgos laborales y, a excepción de Gijón, en los demás dicha evaluación fue hace más de 10 años, en algunos casos incluso dos décadas y en ninguna se ha realizado una reevaluación como obliga la normativa.
Además, añaden, en las que se ha realizado dicha evaluación, tampoco se ha dotado a los centros ni a los facultativos de las instalaciones y equipamientos necesarios por lo que no se cumplen las medidas de prevención obligatorias señaladas, ni siquiera aquellas necesarias para evitar el riesgo biológico en los trabajadores, sus familias y la comunidad en general.
“Estas situaciones están tipificadas como infracciones graves en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden de lo Social”, argumentan, y por eso los delegados de Prevención del Sindicato Veterinario Profesional de Asturias han procedido a denunciar este lunes ante Inspección de Trabajo dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social esta peligrosa situación.
El siguiente paso que se está evaluando es la denuncia ante la Fiscalía, anuncian, y advierten de que “si en esta situación se produjera un accidente o enfermedad grave, con peligro de muerte o secuelas permanentes para alguno de los trabajadores, podría haber incluso penas de cárcel para los más altos responsables.