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Ricard Godia
Presidente de la Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne (Asoprovac)

Tras décadas de continuo y exponencial avance de los estándares de la ganadería en Europa, estamos llegando a un punto de no retorno. Los ganaderos no podemos más, ¡se ha tensado demasiado la cuerda! Ese el motivo fundamental de una de las movilizaciones más masivas que se ha visto en España en los últimos años. Nos manifestamos fundamentalmente para protestar por la embestida legislativa, sobre todo la impulsada por esta última comisión, y la carga burocrática asociada que nos hace perder enorme tiempo y dinero.

Se ha llegado a un escenario en que la prohibición es la norma. La Comisión Europea es una máquina de legislar. No para y, cada poco tiempo, se publican nuevas obligaciones. A nuestro trabajo diario de cuidar del ganado, se han ido añadiendo, entre otros, el registro individual de movimientos de cada animal, la supervisión de los crotales, la notificación del estiércol generado, su composición y destino. Registrar todos los medicamentos y biocidas empleados, registrar productos y formulación de todo lo que entra a la granja, anotar las visitas y disponer de un vestuario con ducha y ropa desechable.

Necesitamos igualmente un plan de higiene y de bienestar de los animales. Documentar que nuestra actividad no deforesta. Registrar entradas y salidas de trabajadores, prevención de riesgos laborales, y prever formación específica para todos ellos. Para estar tranquilos, hay que contratar un mínimo de cuatro seguros. Contratar un gestor de envases de medicamentos y de residuos y, si no tienes tierra, un gestor de las deyecciones. También hace falta un gestor para elaborar la solicitud de ayudas de una Política Agraria Común (PAC) que cuentan con nuevos eco-regímenes extremadamente complicados de entender y de aplicar y, además, para más INRI, se ha excluido el vacuno de carne de buena parte de estos.

Desde Bruselas afirman que todo esto lo pide el ciudadano europeo, pero lo cierto es que el consumidor poco sabe de todo esto y, mientras tanto, la suma de toda esa ristra de exigencias crecientes va recortando la rentabilidad de los productores comunitarios. La eficiencia que ganamos innovando y mejorando en el manejo y la alimentación topa con el lastre de los trámites administrativos, que nos obligan a contratar más personal y, por lo tanto, a dimensionar la granja para ser rentables. Se trata de gastos que no podemos trasladar y tenemos que asumir, y obligaciones que además van ligadas a posibles sanciones en caso de incumplimiento.

Es evidente que esto tiene que cambiar.

Este artículo aparece en el número 265 (marzo/abril de 2024) de Albéitar. Suscríbete aquí para tener acceso completo a este y otros contenidos de la revista.