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Carlos Gil Barceló es diplomado en Alta Dirección de Empresa (ADE) por ESADE. Sus retos laborales siempre han tenido un objetivo común: la resolución de crisis. En este sentido, además del sector productor de leche, trabajó en diversos sectores (editorial, comunicación, construcción, servicios, textil y bolsa, entre otros), desempeñando cargos de dirección desde los 26 años. Actualmente desarrolla su labor en Business Milk.

Nadie duda de la necesidad de establecer contratos, mejor aún homologados entre los productores y las industrias, las cooperativas o los primeros compradores a quienes se hace la entrega de la leche.

La ausencia prácticamente total de los mismos ha generado múltiples problemas, sobretodo a los productores a la hora de rescindir el contrato verbal con el que se está operando en la mayoría de los casos hoy día.

Pero nunca llueve a gusto de todos.

El presente contrato homologado nace con elementos polémicos. De hecho COAG está en contra del mismo ofreciendo su versión del problema negándose a firmar el acuerdo lácteo el pasado mes de julio.

”¡Te obligan a un precio, tienes que dar información y, además, pagarles!"
El contrato como tal, plantea al ganadero en general un problema y es el establecimiento del precio base y el sistema de referenciación de precios, si elige esta modalidad o el problema de determinar un precio mensual para la opción alternativa. ¿En qué información se ha de basar y con qué criterio va a establecer los precios que debería proponer por su parte?
Por otra parte, los ganaderos, son especialmente reticentes a facilitar información y, aquellos que firmen ese contrato, ¿van a permitir que por sistema se deposite en la Comisión de Seguimiento y se pudiera saber el precio que cobra? ¿Dónde se le informa de las garantías de confidencialidad del mismo? Y, además, por facilitar esa información debe pagar 0’06 €/1000lit.

Es evidente que para que las cosas funcionen se precisa dinero, pero primero hay que informar en qué se va a emplear y se le debe dar garantías y demostrar una gestión impecable.

Por último, circula un borrador de Real Decreto, en el que el MARM pretende incluir en el mismo, la necesidad de haber suscrito un contrato homologado para poder percibir los pagos directos en 2010 y 2011. COAG ha anunciado que recurrirá el mismo en caso de establecer esta premisa para el cobro de los pagos.

La polémica está servida…