Hace ya 12 años que existe una normativa que regula la gestión de residuos procedentes de diversos sectores productivos, desde la industria a las empresas extractoras, pasando por los propios residuos municipales y los hospitalarios. Hay toda una serie de normas de obligado cumplimiento con mayor o menor importancia en dependencia de su peligrosidad, toxicidad, volumen etc. De hecho, el tratamiento y gestión de residuos está hoy día en plena línea de actualidad porque diversos municipios españoles se disputan la tenencia o lejanía de una planta ATC para el almacenamiento de residuos nucleares.
También están regulados los residuos generados en ganadería. Los más conocidos son los MER (materiales específicos de riesgo) y los MAR (materiales de alto riesgo). El problema que suponen estos residuos parece haberse solucionado con una discutible eficacia.
Pero, ¿qué se hace con los residuos biosanitarios en ganadería?
En cambio, el problema que suponen los residuos biosanitarios todavía está por desarrollarse. Los residuos generados por la aplicación de tratamientos orales o inyectables, por la realización de análisis, toma de muestras, saneamiento ganadero y otros muchos son equiparables a los residuos hospitalarios. Muchos de ellos son sustancias tóxicas y nocivas. Sin embargo mientras los hospitales están obligados a tener un plan de gestión de residuos, las ganaderías españolas pueden desechar sus materiales con el simple hecho de ponerlos en un punto limpio.
A pesar de que los veterinarios recogemos los residuos más peligrosos (agujas y tubos con restos de sangre o similares) hay otros muchos que, en el mejor de los casos, terminan en vertederos. Los veterinarios de ganadería hacemos clínica ambulante y lo lógico sería que los residuos menos peligrosos se queden donde se han generado hasta su recogida. De hecho, también es discutible que recojamos los residuos peligrosos, pues según la ley 10/1998, esta operación ha de hacerse por servicios y transportes autorizados.
Hace unos años con la concesión de las ayudas al fomento de las razas autóctonas y ahora con la más reciente ayuda para el incremento de la extensificación, se ha pedido a los ganaderos que las solicitaban una completísima documentación en la que, entre otras cosas, se incluye la obligación de disponer de un servicio autorizado de recogida de residuos (sin especificar peligrosos o no), como corresponde a unas buenas prácticas ganaderas y medioambientales. Se les pide que den los datos de la empresa que les recoge los residuos o que, en su defecto, digan qué hacen con ellos.
Fueron tantos los ganaderos que consultaron con la Administración diciendo que no disponían de este servicio que se tuvo que buscar una solución para salir del paso: plantearon que si el ganadero no disponía de servicio de recogida de residuos biosanitarios, lo mejor era que presentara una declaración jurada del veterinario responsable de la explotación en la que éste diera los datos de la empresa autorizada que le recogía los residuos a él, y donde se comprometía a ser quien recogiera los residuos de la explotación en cuestión.
La Administración se lava las manos y el problema pasa a ser de los veterinarios
Concluyendo: el plan de gestión de residuos biosanitarios de las ganaderías españolas se resume en que el veterinario haga su propio contrato y registro de pequeño productor de residuos (cosa lógica para una clínica fija) y, con ello, será quien recoja los residuos en las ganaderías, sean peligrosos o no. Los transportará con su vehículo no autorizado y los almacenará también sin autorización hasta que los recoja la empresa que él tiene contratada, y que paga él.
Creo que después de lo expuesto sobran los comentarios. Sólo decir que las ayudas a la ganadería (necesarias por otra parte) no deberían ser motivo para explotar aún más un servicio veterinario que ya está bastante menospreciado... Afortunadamente, muchos de nuestros ganaderos han entendido que, como profesionales, tienen que disponer de sus propios contratos y registros de pequeños productores de residuos.
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