La aplicación del Reglamento de Controles Oficiales 2017/625 revisado, que garantiza la aplicación en los países de la Unión Europea de las leyes que regulan alimentos y piensos, así como otras normas sobre salud y bienestar animal, entró en vigor a finales de la semana, el 14 de diciembre.
Esta aplicación es positiva ya que supone un avance en materias de seguridad alimentaria, aunque también puede conllevar aspectos negativos, como señaló la Federación de Veterinarios de Europa (FVE) recientemente.
Según señala la FVE, en algunos países de la Unión Europea se han producido recortes económicos en estas cuestiones, una situación que puede tener consecuencias muy perjudiciales en la seguridad alimentaria, la salud pública, la salud animal y el bienestar y tendrá un impacto negativo en la economía de la UE.
La preocupación de la FVE está motivada por un informe de la Comisión Europea sobre el funcionamiento de los controles alimentarios en los Estados miembros, con datos referidos al periodo 2014-2016. En él se alertaba de que la constatable falta de cumplimiento de las normas alimentarias podía socavar fácilmente la confianza de los consumidores.
En este mismo sentido, otro informe publicado por la Organización Europea del Consumidor también se alertaba de los pocos recursos destinados a la seguridad alimentaria, y señalaba algunos países donde esta tendencia era clara. Entre estos países estaba España, pero también Austria, Bélgica, Alemania, Grecia, Italia, Países Bajos y Reino Unido.
El informe de la Organización Europea del Consumidor señalaba cuatro conclusiones importantes a este respecto:
Actualmente, la presentación de datos sobre los controles oficiales que se han llevado a cabo puede variar significativamente entre los Estados miembros, e incluso dentro de un mismo Estado de un año a otro. Además, algunos países no publican datos de años anteriores, lo que limita la posibilidad de identificar tendencias a largo plazo.
Existe una tendencia decreciente en los recursos y en el número total de inspecciones realizadas por los Estados miembros. Para garantizar la aplicación nacional de las leyes alimentarias, es esencial que se dediquen recursos adecuados para realizar controles oficiales sobre las empresas que fabrican, procesan, distribuyen, preparan o venden alimentos. Sin embargo, en muchos países de la UE hay una tendencia a la baja en dicha financiación y, en consecuencia, en el número de inspecciones realizadas.
Los controles en los sectores importantes de la seguridad alimentaria están disminuyendo. Incluso en los sectores donde la seguridad alimentaria es fundamental para evitar la contaminación y posibles afecciones en los consumidores, como los alimentos de origen animal o el sector de la hostelería, se han visto reducciones significativas en los controles en ciertos Estados miembros.
Es importante que las autoridades se aseguren de que lo que ven los consumidores en las etiquetas de los alimentos sea preciso y no engañoso. Sin embargo, los controles en esta área a menudo se descuidan, y ha habido importantes reducciones severas en el número de controles realizados en el etiquetado en algunos países.
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